Más de 26 por ciento del salario se destina al pago de tarifas
Llegar a fin de mes se hace cada vez más difícil. Los servicios siguen dando sensibles saltos en las tarifas y cada vez se destina más dinero para afrontarlas. Según el relevamiento de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), el 26 por ciento del salario se destina a eso.
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Acorde al último informe de Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) las tarifas de servicios públicos llegarán a aumentar hasta un 3.624% este año, en relación a 2015. Del informe se desprende que nuestro país verificó, desde inicios de 2016, incrementos acumulados promedio del 3.624% en energía eléctrica, de 2.401% en gas natural, y de 1.025% en agua potable de red.
En materia de transporte se tienen aumentos del 1.118% en peajes, 601% en el boleto del tren, 494% en colectivos de corta distancia y un 322% en subtes, para el acumulado trianual. A la espera de nuevos aumentos, tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+181%) o prepagas (+155%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada, desde 2016 hasta fines de 2018.
“La evolución de las tarifas de los servicios públicos a lo largo de los últimos tres años se ha caracterizado por sucesivos y bruscos incrementos en sus precios finales. Estos aumentos se sucedieron con una frecuencia elevada, redundando en alrededor de dos rondas de aumentos por año en cada uno de los servicios, llevando los incrementos acumulados en menos de tres años a incrementos porcentuales históricos.
«Mientras tanto, se fue ensanchando cada vez más la brecha entre estas facturas y los ingresos de la población, que se incrementaron a un ritmo menor. Inexorablemente esto llevó a una pérdida en el poder de compra, modificando los patrones de consumo de otros bienes”, analiza el informe ligado a la Carrera de Economía de la UNDAV, que dirige Santiago Fraschina, sobre el incremento en el costos de las tarifas.
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Asimismo, el documento apunta que, al estudiar la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía, gas, agua y transporte) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de casi 20 puntos porcentuales de mayor incidencia, en los últimos 3 años; es decir, desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6,1%, a una sustantivamente mayor, de 26 por ciento.
“De hecho, advierte que la Argentina país fue el país que mayor suba verificó en la región, en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, durante los últimos tres años. Argentina pasó a la segunda posición en el ranking de los servicios públicos más caros de la región: el crecimiento desde 2016 hasta la fecha, nos posiciona sólo por detrás de Venezuela (41,5%), medido en términos del peso de los servicios sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil”, señala el informe.
“El consumo de los servicios públicos permanece en los mismos niveles de 2015. Lejos de modificar el consumo energético de los hogares, los continuos tarifazos solo han erosionado el ingreso real disponible para la compra del resto de los bienes. De esta forma, se confirma que el poder de compra de las mayorías ha sido pulverizado en una proporción mayor a la que surge del nivel general del índice de precios”, señala el documento.
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También se destaca del análisis la notoria rentabilidad que verifican las principales empresas distribuidoras de electricidad y gas al tercer trimestre de 2018, con una variación interanual de +675% para Edelap; +437% para Edenor; +370% para Gas Fenosa; +99% para Gas del Centro (Ecogas) y +63% para Gas del Norte.
“Ante un contexto de recesión, pérdidas de puestos de trabajo, crisis del entramado pyme, apertura importadora, inflación fuera de control y una política monetaria que busca mediante una tasa de interés por las nubes secar la plaza de pesos (para contener una nueva corrida), los tarifazos que impulsan las empresas de servicios básicos con el fin de dolarizar ganancias, golpean de manera crítica el salario y los ingresos de los sectores medios y populares”, evalúa el informe de la Universidad Nacional de Avellaneda.
