Plan Qunita la Justicia ordenó la no entrega de cunas
En medio de la polémica por supuesta corrupción en la licitación de los kits para embarazadas que el gobierno de Cristina Kirchner planeaba repartir a través del plan Qunita, ahora la justicia ordenó que el ministerio de Salud las entregue, con excepción de las cunas: las pericias ya habían determinado que su calidad era tan mala que los bebés que las usaran podían correr peligro.
Fue el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital, integrado por los jueces Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Gabriel Vega, que le dio al ministro Jorge Daniel Lemus un plazo perentorio de treinta días para comenzar a distribuir todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, con excepción de las cunas y de las bolsas de dormir.
En la resolución, firmada el 27 de junio pasado, el tribunal recordó que la orden de redistribución de los elementos del kit –con las excepciones ya enunciadas- fue dada por el juez instructor el pasado 26 de agosto de 2016 –y ratificada el 22 de septiembre de ese mismo año, es decir hace casi diez meses; pero el ministerio de Salud todavía no cumplió esa orden.
Los jueces buscan impedir que muchos de los elementos que integran los kits queden inutilizados por superar su fecha de vencimiento.
“A nuestro entender, resulta de especial importancia considerar ese aspecto al tomar esta decisión, pues no hace más que reafirmar la necesidad de destinar esos elementos, con la urgencia que el caso amerita, a las instituciones o entidades que los precisen con mayor premura; evitando así que posibles y futuros vencimientos provoquen la pérdida de los productos que pudieran perecer”, destacó.
Por otro lado, el TOF dijo que “la decisión a adoptarse sobre el destino de los 27.200 kits largamente almacenados -amén de las importantes erogaciones de dinero que generan al Estado Nacional-, debe inexorablemente tener en miras el interés superior del niño”.
A causa de los sobreprecios e irregularidades en el plan Qunita, el juez federal Claudio Bonadio ordenó en noviembre la elevación a juicio oral del ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán entre otros dieciséis ex funcionarios y empresarios.
Todos están procesados por supuesto «fraude en perjuicio de la administración pública», y los ex funcionarios públicos también, por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La OA había expresado que estaban acreditadas las irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resultaran ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios excesivos e injustificados que superaban el valor de referencia informado por la SIGEN (4096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de que estos no contenían todos los elementos fijados en el pliego.
