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Procesan y embargan por 10 millones de pesos a Sabbatella por irregularidades en la entrega de subsidios

El juez federal lo procesó por "administración fraudulenta" durante su gestión en el AFSCA.

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Procesan y embargan por 10 millones de pesos a Sabbatella

El juez federal Luis Rodríguez procesó este lunes por «administración fraudulenta» al ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabatella.

El exfuncionario está implicado en una causa por supuestas irregularidades en el control del uso de millonarios subsidios a organizaciones comunitarias.

El magistrado lo embargó por 10 millones de pesos.

Se comprobó la irregular asignación de fondos a cuatro organizaciones por parte de la ex AFSCA: el Foro Argentino de Radios Comunitarias por 650 mil pesos, la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón, por 2,25 millones de pesos, la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada por 700 mil pesos y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, por 3,4 millones de pesos en subsidios, según surge del expediente.

También quedó procesada la legisladora porteña del kirchnerismo Andrea Conde, quien estuvo a cargo de la Dirección de Proyectos Especiales.

«Estoy convencido que con la totalidad de la prueba obrante en autos, en base a la diversidad de acciones ejecutivas en estudio y teniendo fundamentalmente en cuenta que las irregularidades detectadas por la SIGEN y constatadas por el Tribunal, debían haber sido observadas por las autoridades de la AFSCA», dice la resolución.

«He de resaltar que los actos de los organismos y entidades estatales que pertenecen a la Administración Pública poseen un margen de actuación, es decir discrecionalidad (que no debe nunca entenderse como arbitrariedad) para evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de sus actos, sin embargo y tal como la SIGEN (órgano de contralor de la Administración Pública, entre otros) también resaltó, en esos casos resulta evidente el apartamiento de la misión establecida», sostuvo el juez.

La acusación fue realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli sobre una denuncia del Enacom basada en una auditoría de la SIGEN.

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