La organización social Barrios de Pie llevó adelante una nueva jornada de protesta con ollas populares en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y sus accesos.
Fue en el marco de la presentación en el Congreso del proyecto de ley de emergencia alimentaria, iniciativa que cuenta con el apoyo de varios bloques de la oposición y que es resistida por el Gobierno.
El puntapié inicial comenzó a las 7 en el Obelisco, donde Barrios de Pie montó la primera olla popular de la jornada, mientras que al mediodía hubo otras en varios accesos a la Ciudad y frente al Congreso Nacional, para advertir a los legisladores sobre la urgencia de poner en agenda la problemática de la falta de presupuesto para comedores y merenderos comunitarios.
«El proyecto de ley que buscamos que se apruebe tiene que ver con fortalecer desde el Estado esquemas que permitan mejorar los programas alimentarios, en este caso crear un fondo nacional que pueda atender la situación de los comedores populares», explicó a la agencia NA el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, quien advirtió sobre una «caída preocupante en la dieta de los más humildes» del consumo de carne y leche.
El proyecto de ley, que fue presentado en la Sala 1 del anexo de la Cámara baja por sus autores Federico Masso (Libres del Sur) y Lucila de Ponti (Peronismo para la Victoria), lleva además la rúbrica de diputados del Frente Renovador, del Partido Socialista y el GEN.
«Hoy la mitad de las familias argentinas no tienen ingresos para garantizar su alimentación, los precios suben todos los días y el Gobierno no hace nada para revertirlo», denunció De Ponti, quien insistió en comprometer a todos los bloques para su sanción.
La iniciativa, que además de Barrios de Pie es impulsada por la CTEP y la Corriente Clasista Combativa (CCC) busca duplicar las partidas presupuestarias destinadas a comedores y merenderos, hasta llegar a 10.000 millones de pesos en dos años, garantizando el acceso a una Canasta de la Economía Popular (CAEP) para niños y jóvenes de hasta 14 años de edad en situación de vulnerabilidad.
Para ello se propone un diseño institucional que incluye la creación de un «Programa Nacional de Nutrición y Alimentación y la conformación del Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, con tres representantes del Poder Ejecutivo y otros tres de movimientos sociales.
Además, la ley prevé la realización de un relevamiento territorial oficial para identificar a todas las personas con malnutrición o en riesgo de estarlo, el reparto de bonos alimentarios, creación de nuevos comedores, y el establecimiento de un programa de tutores para acompañar a las familias afectadas.
