En los próximos días el Gobierno pondrá en marcha un plan de reestructuración del Correo Argentino, que incluirá una renovación de sus autoridades y medidas para reducir el déficit de la compañía.
Ocurre luego de que la empresa quedó en el centro de la polémica por el manejo de la información de los resultados de las PASO.
Según informó el diario Clarín, el presidente Mauricio Macri quiere que la empresa sea «sustentable en el corto plazo».
Para eso removerá al directorio y pondrá un nuevo director ejecutivo que se encargue de la conducción operativa.
El matutino asegura que Gustavo Papini, quien tiene vínculos estrechos con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, será el elegido para manejar la compañía. Su relación con el integrante de la «mesa chica» del Gobierno data de su pasado en el Grupo Pegasus. Además fue CEO de OCA.
El cargo de director ejecutivo lo ocupa actualmente Jorge Irigoin, cercano a Macri ya que fue gerente de Socma y trabajó en la gestión en la Ciudad. Esa relación con el Presidente lo mantendría dentro de la empresa, al menos por un tiempo.
Con la llegada de Papini se irían cuatro integrantes del directorio: Ramón Baldassini, Roberto Rivero, Carlos Felpeto y Carlos Rossi. Mientras que se sumarían al staff del Correo varios nombres con pasado en OCA.
Quien también seguiría por lo menos hasta octubre es Alejandro Tullio, quien se sumó al Correo tras dejar la Dirección Nacional Electoral, con el objetivo de asesorar a la empresa de cara a las elecciones Legislativas.
En la actualidad el déficit operativo de la empresa está entre los $ 3.500 y $ 4.000 millones.
Cabe recordar que aún está sin resolver la polémica por el acuerdo entre el Gobierno y el Correo por una deuda millonaria de 2001 que en un principio se pactó cancelar con un plan de pago a 30 años, aunque a raíz del escándalo debió cancelarse.
Es que la deuda original se acercaba a los $ 300 millones y en el acuerdo se actualizó a una cifra de casi el doble. Sin embargo, esos $ 300 millones eran con el tipo de cambio de 1 a 1, por lo que en realidad equivalían a u$s 300 millones. Y además deben sumarse los intereses. Según la fiscal Gabriela Boquin ese acuerdo implicaría una condonación a la empresa de unos $ 70.000 millones.
