Se promulga la ley que despenaliza el aborto en Chile
La ley de aborto terapéutico fue promulgada este jueves en Chile por la presidenta Michelle Bachelet, con lo que se cierran dos años y medio de proceso en los que la norma impulsada por la mandataria venció la oposición de los sectores más conservadores como iglesias y partidos de derecha.
El pasado agosto fue aprobada en el congreso la ley que despenaliza el aborto por inviabilidad del feto, peligro de vida de la madre y por violación; sin embargo, su promulgación debió esperar ya que legisladores conservadores presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional, los cuales fueron desechados.
“Las mujeres de Chile hemos conquistado o reconquistado un derecho básico, el poder decidir por nosotras mismas frente a casos extremos”, dijo Bachelet ante aproximadamente mil 500 personas que presenciaron el acto en La Moneda, mayoritariamente mujeres.
La presidenta socialista, que entregará el poder en marzo de 2018, llevó adelante una constante defensa del proyecto que transformado en ley sacó al país de una ínfima lista de naciones que prohíben cualquier tipo de aborto.
El estado chileno
El Estado chileno rompe así décadas en las que su respuesta ante situaciones límites vividas por miles de mujeres ha sido “el castigo, la condena y la denegación absoluta del derecho a decidir”, agregó la mandataria.
Desde 1931 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la vida de la madre o inviabilidad del feto, pero el dictador Augusto Pinochet, poco antes de terminar su régimen (1973-1990), apoyado por la iglesia, lo prohibió.
Aprobación de la Ley
La aprobación de la norma es considerada una de las grandes victorias de Bachelet, que en los últimos meses de su segundo gobierno aceleró el paso para completar un ambicioso paquete de reformas y dejar atrás leyes aprobadas durante la dictadura de Pinochet que se mantuvieron tras su caída, en 1990.
Tras la aprobación del acuerdo de unión civil, que incluyó a parejas homosexuales, y de reformas al sistema educativo, para asegurar por primera vez en décadas la gratuidad de sus estudios a miles de jóvenes, la mandataria pretende cerrar su gestión con avances en la discusión del matrimonio igualitario.
A partir de su promulgación, el gobierno tiene un plazo máximo de 90 días para reglamentar su implementación.
