INFORME ESPECIAL
Mauricio Macri tiene en claro quiénes son sus enemigos íntimos: las llamadas mafias sindicales, empresarias, políticas y judiciales, de las que refirió y prometió desterrarlas.
Camino a eso, el presidente criticó a quienes «creen que tienen derechos especiales que trascienden la Constitución».
«No hay lugar para la corrupción en general, porque es un tema que no sólo está afectando a algunos sindicatos sino también a sectores del empresariado, la Justicia, del mundo académico y del periodismo», lanzó.
En esta línea, las medidas de Gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, tiene en la mira a sindicalistas claves.
El caso testigo es el ex jefe del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), «Caballo» Suárez, quien está preso desde el 13 de septiembre pasado por bloquear puertos, extorsionar a empresarios y por ser el presunto jefe de una asociación ilícita. Además, su gremio fue intervenido desde el 18 de febrero de 2016 por orden judicial.
Pero más allá de las irregularidades que hicieron caer a Suárez, el mensaje de Macri también hacía referencia a otros sindicalistas.
A él sigue otro portuario: Herme Juárez, jefe del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de San Lorenzo, quien, según denunciaron lo empresarios, tiene un modus operandi como el apriete.
A esto les sigue varias seccionales de la Uocra que ya comienzan a ser removidas. Una es la de La Plata, que la maneja Juan Pablo «Pata» Medina, quien acaba de ser detenido junto a su mujer, María Fabiola García, su hijo, Juan Pablo Pata Medina y su hija en la causa que instruye el fiscal Alvaro Garganta bajo los cargos de asociación ilícita, extorsion agravada y reiterada.
Pero eso no termina ahi. Le sigue la seccional de Quilmes, conducida por Juan «Lagarto» Olmedo, un hombre de Sergio Massa que es, además, vicepresidente del Concejo Deliberante de Florencio Varela, que está bajo la lupa.
El último antecedente violento de Olmedo fue la agresión a concejales kirchneristas en plena sesión, el año pasado.
Macri también tiene entre cejas al taxista Omar Viviani, a pesar de que fue su socio durante años en el control de los taxis porteños. También a Omar Plaini, de Canillitas, quien este año vivió la intervención del gremio por más de un mes y el desplazamiento de la comisión directiva por orden judicial.
Esos son algunos de los gremialistas en apuros a los que el Gobierno identifica con mafiosos.
Gremios intervenidos, detenciones, puertas cerradas para negociaciones, son algunas de las tácticas del Gobierno para dejar en claro su mensaje: una renovación en la conducción gremial y la reforma laboral.
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