La Cámara Federal porteña ordenó al juez federal Luis Rodríguez pedir el desafuero «inmediato» y ordenar la detención del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo y actual diputado Julio De Vido en la causa donde se lo investiga por un multimillonario fraude en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, según el fallo firmado por la sala II del Tribunal de Apelaciones.
El juez Rodríguez había rechazado el pedido de desafuero y detención solicitado por el fiscal Carlos Stornelli, lo que fue apelado y por eso ahora la Cámara Federal resolvió ordenar la medida. De Vido está citado a declaración indagatoria para el próximo 28 de noviembre.
La decisión de la Cámara fue por mayoría. A favor del desafuero y la detención firmaron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia -integrante de otra sala-, mientras que en disidencia lo hizo Eduardo Farah. Ahora, el juez Rodríguez debe pedirle a la Cámara de Diputados que avance con la quita de los fueros de De Vido.
El oficialismo ya intentó en julio apartar de la Cámara acusándolo de «inhabilidad moral», pero no alcanzó los votos necesarios.
De Vido, actual diputado se encuentra en su peor momento ante la Justicia, luego de que la Cámara Federal porteña ordenó su desafuero y detención en el marco de una causa en la que se investiga un desfalco de $ 265 millones en el yacimiento carbonífero de Río Turbio.
Otrora hombre todopoderoso de la obra pública durante la gestión del kirchnerismo, De Vido está acusado de defraudación a la administración pública, delito por el cual el fiscal federal Carlos Stornelli pidió su desafuero como diputado y su posterior detención. Hay otras 22 personas imputadas.
«Julio De Vido difícilmente pueda ignorar los perjuicios a los intereses por él administrados», señaló el fiscal Stonelli en su dictamen. Además, consideró que tanto él como el exsecretario de Minería, Jorge Mayoral; el exsubsecretario de Coordinación Roberto Baratta; y el excoordinador general del Ministerio Jaime Valvar, tenían la obligación de controlar los casi $ 265 millones que tenían como finalidad la puesta en marcha de la mina de carbón pero que habrían sido desviados.
El dictamen de Stornelli agrega que los funcionarios acusados «autorizaron las transferencias de las sumas dinerarias comprometidas a YCRT, al tiempo que incurrieron en la omisión de realizar los controles que se encontraban bajo su órbita de competencia».
Y agregó: «Estos funcionarios han prestado un aporte fundamental para la concreción de estas maniobras defraudadoras, ya que en sus respectivas gestiones a cargo de YCRT y la Secretaría de Minería dependiente del ex Ministerio de Planificación, tenían la obligación de supervisar el control y la fiscalización de las obras».
