Una semana después del reproche del presidente Mauricio Macri a la Justicia por sus horarios de trabajo, vacaciones y salarios, un diputado bonaerense de Cambiemos busca revivir un proyecto de ley para eliminar la feria judicial en la provincia de Buenos Aires. Se trata del marplatense Guillermo Castello, de la Coalición Cívica, autor de un texto destinado inevitablemente a la polémica.
En su primer el artículo, el proyecto elimina la feria judicial en el ámbito provincial. En el segundo, elimina la potestad de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para determinar la feria judicial y la reduce a «disponer asuetos judiciales cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija». En el tercero, cuarto y quinto, borra todo vestigio de la feria judicial de los códigos procesales Civil y Comercial y Penal provinciales.
«Entre feriados, asuetos y recesos, la Justicia sólo trabaja 190 días al año. Lo que proponemos es eliminar las vacaciones colectivas durante las ferias y que el personal tome sus descansos anuales en forma escalonada para no interrumpir el servicio», le dijo Castello a LA NACION.
Aclaró que el texto original del proyecto fue presentado en febrero de este año, pero que «duerme» en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Decidió reimpulsarlo luego de la arenga pronunciada por Macri en el Centro Cultural Kirchner, la semana pasada.
El proyecto parte de la base que la administración de Justicia, como la salud, educación y seguridad, es una de las funciones básicas del Estado y un servicio público esencial que debe proveerse de manera permanente e irrestricta a la comunidad. «No se puede privar a la sociedad de la prestación de tan magno servicio durante la octava parte del año», señala.
«La feria judicial conspira directamente contra ello, en cuanto establece que el Poder Judicial tenga dos recesos de un mes y medio al año, uno de un mes en enero y otro de dos semanas en julio, lapso durante el cual no corren los plazos procesales, no se pueden interponer demandas, no se celebran audiencias y no se dictan resoluciones judiciales», dice el proyecto en sus fundamentos.
Y agrega que la feria judicial, en la práctica, genera plazos de «cuasi feria»: los previos y posteriores a la feria propiamente dicha, en los que prácticamente no se fijan audiencias ni se inician demandas.
Aunque el proyecto no legisla al respecto, Castello pone énfasis en otra singularidad de los tribunales locales: «No abren los sábados, a diferencia de otros países, [y] tienen un horario de atención al público reducido en relación al sector privado -treinta horas semanales contra cuarenta a cuarenta y ocho de cualquier entidad privada, un 25% a un 37,5% menos-, a lo que debe agregarse una cantidad sustancial de feriados nacionales y locales, que como mínimo significan dos semanas menos de actividad».
