La Justicia decidió poner el foco en el mundo de los negocios: después de la declaración en indagatoria del banquero Jorge Brito por la ruta del dinero en el caso Ciccone, el fiscal Franco Picardi sacudió ayer los tribunales federales al pedirle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que dicte embargos por unos 300 millones de pesos para empresarios como Ángelo Calcaterra «primo del presidente Macri», los responsables de Odebrecht y el lobista Jorge «Corcho» Rodríguez y los ex funcionarios kirchneristas presos Ricardo Jaime y José López, entre otros.
Se trata de la megacausa que investiga los sobornos en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que se licitó en 2006 y que ganó el consorcio que encabezó Odebrecht junto a IECSA, Ghella, y Comsa S.A.
El pedido de Picardo es una respuesta directa a un fallo dictado el 6 de noviembre por la Sala II de la Cámara Federal para que el juez De Giorgi instando a «una actividad eficaz en miras a contestar interrogantes suficientes a fin de avanzar en el proceso, como también que evalúe la adopción de medidas cautelares de distinta índole que correspondan». Y la antesala a un llamado a indagatoria en los próximos días para todos los mencionados, dijeron a este diario fuentes judiciales.
Al primo de Macri le pidieron un embargo de $54.350.000, que se integran $50 millones por ser el accionista mayoritario de IECSA aunque se haya desvinculado en mayo pasado y $4,35 millones como al resto de las otros 22 involucrados, entre los que Corcho Rodríguez, Jaime, López y Manuel Vázquez y su familia, sospechados de armar una firma de auditoria fantasma.
Si el juez hace lugar a los embargos y los protagonistas no los cumplen, se podrá dictar una inhibición de bienes, señalaron las fuentes judiciales a BAE Negocios.
Lo que es claro, añadieron, es que con este dictamen el fiscal Picardi consideró acreditado que existió el pago de sobornos por $300 millones para direccionar la licitación para la obra ferroviaria. Y mas tarde hubo «modificaciones» del contrato original a favor del consorcio, para dibujar sobreprecios.
Un dato significativo es que, además de estas medidas, el fiscal ordenó que el curso de la investigación no frene las obras: «Su progreso, continuidad y productividad en modo alguno puede, de momento, ser obstaculizada por las medidas judiciales en trato» porque «toda obra de esas características propende al bien común y a la mejora de la calidad de vida cotidiana tanto de los usuarios del servicio público ferroviario en concreto, como de los usuarios de los pasos a nivel, barreras y prestaciones vinculadas».
La causa se inició el año pasado con una denuncia de la ahora diputada electa Graciela Ocaña contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su asesor Manuel Vázquez por el presunto pedido de una coima de u$s80.000 a la constructora brasileña Odebrecht. Pero el escándalo creció cuando esa firma reconoció en Estados Unidos haber pagado sobornos en distintos países de Latinoamérica, como una práctica común, para garantizarse negocios: habló de 35 millones dólares destinados a funcionarios de la ex presidenta Cristina Fernández entre 2007 y 2014.
Los alcances de la investigación judicial no solo pusieron en la mira a los ex hombres del Gobierno sino también a las empresas y dos intermediarios más comprometidos, el ex novio de Susana Giménez, Corcho Rodríguez, y un hombre clave de Calcaterra como Javier Sánchez Caballero, de la empresa Iecsa, que participó como socio de la firma brasileña en la obra.
Ahora, el fiscal pidió embargos para cuatro personas jurídicas que conformaron el consorcio y ganaron la obra, y 23 personas físicas que ex funcionarios e integrantes de las cuatro personas jurídicas.
«Los embargos preventivos deberán disponerse de la siguiente manera: 20 millones de pesos para Comsa SA; 60 millones de pesos para Ghella spa; y 60 millones de pesos para Constructora Norberto Odebrecht SA», sostuvo.
Ahora bien, y con respecto a Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), si bien en razón de su porcentaje de participación en el consorcio (30%), también le correspondería un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 60 millones de pesos, pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de Iecsa SA tal como se explicara anteriormente-, entiendo que el monto a cautelar debería fijarse en la suma de 10 millones de pesos para Sacde SA y 50 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma Iecsa SA, Ángel (sic) Calcaterra, por este concepto».
Sobre Calcaterra, el fiscal subrayó: «Si bien en marzo de 2017 se ha desprendido de su participación accionaria (directa e indirecta) en Iecsa SA (hoy Sacde SA) y, por consiguiente, en la continuación del proyecto de soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, presumiblemente por todo lo explicitado previo a tal transferencia, por su calidad de socio y accionista mayoritario de su controlante, gozó de los beneficios que importaron haber integrado el consorcio ganador».
«En efecto, al tiempo en que él poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa, ocurrieron la tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquéllas».
