Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en una causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).
El dinero no llegó adonde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para que cuenten cuál fue el destino del dinero.
Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo «saber dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas» en el plan de residuos, detalla La Nación. Las convocatorias a los intendentes comenzarían a llegar antes de fin de año.
El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.
En la auditoría, según consta en un resumen de la causa al que accedió dicho medio, se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa «funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos».
La denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa. Por ello pidió un «relevamiento del resto de los 194 expedientes».
El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un «mapa crítico» para identificar lugares «vulnerables»; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.
En el caso de Quilmes
Personal de la Sigen constató, con una visita el 4 de febrero, que no se construyó una planta de separación y clasificación de residuos urbanos prevista con fondos del programa. «El director del proyecto adjuntó una declaración jurada manifestando que los fondos entregados [$ 10.588.780] no habían sido utilizados», se apuntó en la causa.
En 2013, los giros a municipios fueron por $ 182.856.775; en 2015, por $ 132.215.069. En los tres años bajo la lupa se acumuló un total de $ 590.136.927.
Entre las deficiencias relevadas en el expediente están las del municipio bonaerense de General Belgrano. Una visita de personal de la Sigen constató que «la disposición final de los residuos sólidos se llevaba a cabo en una cava, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad y prevención de contaminación».
