El PJ repudió la violencia y se retiró del lugar
Los intendentes del PJ se movilizaron este lunes al Congreso para manifestarse contra la reforma previsional pero debieron retirarse cuando se agravaron los incidentes y condenaron la violencia.
Pasadas las 16 de este lunes, encabezados por el nuevo titular del PJ Bonaerense, Gustavo Menéndez, se recluyeron en la sede de Matheu, a la espera de que les permitan entrar al recinto donde se debate la reforma.
«Quisimos entrar al Congreso para narrar a los legisladores sobre los incidentes de violencia en la calle, pero nos lo impidieron», anunció Menéndez a través de su cuenta de Twitter.
Además del intendente de Merlo, en la sede del PJ esperaban Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría, Alberto Descalzo (Ituzaingó), Santiago Maggiotti (Navarro), Juan Ustarroz(Mercedes), Francisco Echarren (Castelli), y otros dirigentes que acompañaban la columna del PJ.
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El massista Julio Zamora (Tigre) también participó de la movilización -que había arrancado en Avenida de Mayo al 1152, en la puerta del Hotel Castelar- pero luego se volvió para su municipio.
Los graves incidentes en las inmediaciones del Congreso
«Durante dos años el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de la derecha conservadora, ha llevado a cabo una agenda política de ajuste estructural que está conduciendo a nuestro país y a nuestro pueblo a la dependencia económica y política, y a la pérdida de derechos adquiridos que fueron conseguidos durante los gobiernos peronistas», opinó Zamora.
Menéndez había pedido una amplia movilización para «acompañar a los abuelos» y pidió defender los intereses del pueblo.
Luego en diálogo con LPO afirmó que «el peronismo no participó de ningún hecho de violencia» y opinó que «siempre es repudiable, venga de donde venga».
En ese sentido, desde el PJ dijeron a este medio que se corrieron del epicentro del conflicto porque quieren preservar la «paz social», aunque enseguida remarcaron: «La responsabilidad de preservarla y de garantizar la seguridad de todos los manifestantes la tiene el Estado».
