El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández fue imputado este jueves por el fiscal federal Ramiro González, quien reclamó que se investigue al exfuncionario porque presuntamente se desprendió de bienes cuando había sido inhibido en el marco de una causa judicial por hechos de corrupción.
Específicamente, se trata de la venta de una camioneta Toyota Hilux 4×4, realizada el 27 de mayo de 2016 a la Distribuidora Elite SRL por 450.000 pesos; y también un BMW, hecha el 1 de septiembre del mismo año a un particular por 634.450. Ambas operaciones se llevaron a cabo cuando Fernández había sido inhibido por la Justicia.
En diciembre, la fiscal de juicio Gabriela Baigún detectó que el exjefe de los ministros hizo la venta cuando ya había sido inhibido antes por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por malversación de fondos públicos en la compra de los Plan Qunita, unos paquetes asistenciales de productos destinados a mujeres embarazadas, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
En la denuncia consta que el magistrado lo intimó del embargo de 440 millones de pesos el 23 de febrero de 2016, y en aquella oportunidad Fernández manifestó no contar con bienes a su favor para hacer frente al mismo.
En agosto de ese año, pidió autorización al juez para levantar el embargo a fines de transferir bienes a su ex pareja, de acuerdo a la disolución de la sociedad conyugal, y respecto a uno ubicado en Villa Gesell, otro en Quilmes y un local comercial también situado en esta última localidad del sur del conurbano bonaerense.
En ese marco, Bonadio autorizó al exjefe de Gabinete pero sólo para hacer la transferencia de esos tres inmuebles en particular. Sin embargo, un informe de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) sostiene que el político aprovechó la ocasión y habría vendido a su vez, ambos vehículos.
Al conocer la denuncia en su contra y ante el temor de ir detenido, Aníbal Fernández reclamó y obtuvo la eximición de prisión. Al pedir la apertura de una investigación al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal solicitó que como medida de prueba se requiera a los registros de la propiedad automotor de Berazategui y de San Martín el legajo de los vehículos vendidos, y también a la inspección general de Justicia los datos de la empresa que adquirió uno de los autos.
Además, dio la orden de que se verifique si el exintendnete de Quilmes adquirió un Audi Q5 y o una Volkswagen Tiguan y determinar si depositó o no el dinero de la venta de los vehículos en alguna entidad financiera.
