La encuestadora IPSOS Publca Affairs realizó un informe en el que muestra que en 2018 hay mucha más aceptación social sobre el aborto siempre y cuando una mujer lo decida que en los años anteriores.
Además, señala que son las mujeres las que están más a favor del aborto en cualquier circunstancia, que los hombres.
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Sin embargo, el informe que se realizó en 27 países muestra que América Latina todavía es la región más reticente a la despenalización del aborto en comparación con Europa, donde hay un 55% de aceptación al aborto.
Se trata de una encuesta online que contó con la participación de 19.807 personas en 27 países. En sus resultados, muestra cómo en los últimos cuatro años en Argentina fue creciendo la aceptación del aborto siempre que una mujer lo decida. En 2018, el aborto tiene un 39% de aceptación mientras que en 2015 y 2016 era de apenas un 25%.
Si a ese 39% le sumamos las personas que están de acuerdo con el aborto en ciertas circunstancas como cuando una mujer fue violada, la aceptación social asciende a 73%. Del total encuestado, sólo el 19% se mostró en contra de interrupción voluntaria del embarazo.
Proyecto de despenalización del aborto
El borrador elaborado por los diputados que respaldan la iniciativa se basa en el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ese colectivo presenta desde 2006, y recibió al menos 4 modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.
Entre esos cambios se analiza incorporar la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual el abprtp, pero no así a las instituciones de salud.
Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.
También se analiza contemplar el aborto después de la semana 14 en casos de «malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina» y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.
Una última modificación consistiría en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria, e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.
El proyecto establece que «en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer» y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente.
Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.
