Los funcionarios Germán Garavano y Partricia Bullrich, expusieron detalles de las iniciativas oficiales y luego respondieron preguntas de los senadores de tres comisiones, la de Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda y la Bicameral de Seguridad Interior.
El primero en exponer fue Garavano, quien sostuvo que el gobierno pretende "modernizar el sistema judicial y en esa línea tratar de seguir adelante con diversas iniciativas del gobierno anterior, específicamente en materia penal la implementación del Código Procesal Penal".
"Es una asignatura pendiente avanzar en ese sentido", admitió el ministro, que detalló la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con la unificación de juzgados con la fusión de los fueros de la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción de la Capital Federal, eje central de uno de los proyectos.
El restante, en materia judicial, es la implementación del juicio unipersonal para determinados supuestos, una normativa que recibió cuestionamientos por parte de senadores del Frente para la Victoria, como Sandra Giménez, que se pronunciaron a favor del juicio por jurados.
"La sustanciación del ‘juicio unipersonal’ pretende resolver el problema de la creciente cantidad de casos que no llegan al debate oral y que son resueltos por otras vías, como el sobreseimiento por prescripción de la acción penal", explicó el funcionario nacional, que además detalló que "el juicio unipersonal se realizará sólo en los supuestos de que la pena no exceda los quince años de prisión".
Respecto del juicio por jurados, Garavano dijo que está previsto que se implemente ese sistema el año próximo, aunque no dio mayores detalles al respecto.
El ministro explicó que "el fuero correccional es el que mayor carga de trabajo tiene" y añadió que "prácticamente archiva casi todos los casos y pocos son los casos que se elevan a juicio", mientras que en el fuero de instrucción "los casos son más complejos y sin son investigados" aunque ejemplificó que de "70 mil casos solo el uno por ciento llegan a juicio oral".
Precursores químicos
La ministra Patricia Bullrich dio detalles sobre el último de los proyectos que propone penalizar el desvío de precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes.
La norma prevé reprimir con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial de cuatro a doce años al que ingresare al país o desvíe de los canales legales precursores químicos esenciales para la producción ilegal de estupefacientes.
Bullrich adelantó además que en "el corto plazo" el gobierno nacional enviará otro proyecto para modificar también la ley 23.737 en el aspecto vinculado al tratamiento del adicto.
"Estaremos mandando una puesta a punto porque la realidad ha cambiado" para "modificar esta mirada de la ley actual que trata igual la represión al narcotráfico y el tratamiento del adicto" que "ya no tiene mucha razón de ser" y en en se sentido "hay que buscar una solución adecuada".
La funcionaria se pronunció a favor de "una modificación estructural de esa ley para actualizarla" al considerar que es llamativa "la velocidad de aparición de precursores químicos que todos los días salen al mercado ilegal".
"Hay que neutralizar el desvío de las sustancias químicas que son comercializadas en el mercado legal con fines industriales y farmacéuticos".
Para la ministra "hay una delgada línea" en este aspecto porque "hay precursores que no pueden ser frenados porque la industria necesita de ellos" y destacó "el descubrimiento que permanentemente se hace de cantidades distintas de lo que se dice que viene e importa a la Argentina y lo que se desvía al mercado ilegal que va a los laboratorios, cocinas, etc".
La comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el senador nacional Pedro Guastavino, retomará el próximo martes la discusión sobre las iniciativas con la invitación a referentes de la Asociación de Magistrados y de gremios vinculados al ámbito judicial.
