Los dos impuestos provinciales que la gobernadora María Eugenia Vidal eliminará de las facturas de electricidad bonaerenses habían sido suspendidos por tribunales judiciales hace dos años y volvieron a las boletas recién a partir de enero, por lo que los usuarios de la provincia estuvieron casi dos años sin pagar esa carga adicional del 15,5 por ciento.
El 23 de mayo de 2016, un tribunal en lo Contencioso Administrativo de Pergamino hizo lugar a un reclamo de consumidores y obligó a la provincia a abstenerse de cobrar los impuestos que surgen del Decreto Ley Provincial 7290 y del decreto ley 9038. Son los dos tributos provinciales que están discriminados en la factura de luz de los usuarios bonaerenses que representan algo más del 15 por ciento de la cuenta y que Vidal dijo que eliminará.
En ese momento, la medida cautelar obligó al fisco que «se abstenga de percibir, por sí o por terceros, el cobro de dichos tributos respecto al colectivo de usuarios, ni exigir a los agentes de retención correspondiente la transferencia del importe equivalente a las sumas no percibidas por dichos conceptos».
Los demandantes -dos concejales de la UCR de Pergamino, Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos- argumentaron que «en ambos casos, el objeto/fin para el cual fueron implementados estos tributos a la fecha no resulta vigente, circunstancia ésta que hace a la irrazonabilidad de los mismos».
La Defensoría del Pueblo bonaerense logró entonces extender los efectos del fallo a los casi 1,5 millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires que tienen distribuidoras provinciales, como Edelap, Edea, Eden y Edes y las cooperativas del interior bonaerense.
Vidal suma al Conurbano
Fuentes de la Gobernación detallaron que la suspensión judicial de impuestos de los últimos dos años no alcanzaba a los clientes del conurbano bonarense, que reciben el servicio a través de Edenor y Edesur, porque estas distribuidoras no están bajo la órbita de la justicia provincial. Y que la decisión de Vidal de eliminar los tributos, en cambio, también alcanza a los usuarios del área metropolitana.
Edenor y Edesur tienen 5 millones de clientes, repartidos entre la Capital Federal y los partidos del anillo metropolitano. De ellos, 2,8 millones viven en suelo bonaerense. Las distribuidoras provinciales juntan, entre todas, otros 2,2 millones de clientes.
Según estimaciones de 2015, estos fondos de afectación específica recaudaban unos 630 millones de pesos. Luego llegaron los importantes aumentos tarifarios, que elevaron la previsión de recaudación para este año a $ 3000 millones, según datos oficiales.
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La administración provincial apeló el fallo y pudo volver a cobrar estos impuestos desde comienzos de enero, gracias a la sentencia favorable de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de noviembre y una ratificación de esa decisión en la Suprema Corte provincial.
Los impuestos de afectación específica -el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico y el Fondo Especial para Grandes Obras- rigen desde 1967 y 1978, respectivamente.
Y Vidal anunció que dejarán de cobrarlos en las próximas facturas, junto con otros impuestos provinciales que significan poco más del 6 por ciento de las boletas de gas y luz.
Fuentes bonaerenses indicaron que el decreto con el que se eliminará el fondo más oneroso (que representa el 75% de la quita) ya está firmado y su publicación en el boletín oficial provincial es inminente. La quinta del otro fondo de afectación específica, menor, debe pasar por la legislatura.
En sintonía, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que eximirá de Ingresos Brutos a las facturas de gas y agua. La exención estaba prevista dentro de cinco años, por el compromiso fiscal que suscribieron las provincias para bajar impuestos. Pero la Ciudad no tocó las facturas de luz. Allí, el ejecutivo porteño percibe un impuesto municipal que representa un 6 por ciento del valor que pagan los usuarios.
