Fueron a Malasia y podrían ser condenados a la horca
Felipe Osiadacz y Fernando Candia acababan de llegar a Malasia. Los chilenos, de 27 y 30 años, se habían conocido hace un tiempo en Nueva Zelanda, donde estuvieron un año trabajando a través de uno de los populares programas de Working Holiday. Era el primer día de sus vacaciones y salieron a un bar.
Tomaron algo y luego de un par de horas regresaron a su hostel, sin imaginar lo que estaba a punto de sucederles.
Ambos dejaron Chile tras finalizar sus estudios, Felipe se había recibido de ingeniero comercial y Fernando de chef.
Quisieron salir a conocer el mundo antes de embarcarse de lleno en sus carreras, pero el destino les tenía preparada la experiencia más intensa y angustiante de sus vidas para aquella noche de agosto de 2017.
Según explicaron los familiares de los jóvenes en un comunicado, un hombre los abordó en su camino hacia el hostel. Les pidió dinero, se lo negaron y ante el rechazo los siguió. La situación comenzó a ponerse tensa.
Los chilenos ingresaron al hostel. El hombre, malasio y según el informe forense «bajo los efectos de diversos estupefacientes», continuó junto a ellos y comenzó a insultarlos. Luego se puso aún más agresivo.
Ellos, siempre según el relato de sus familias, le pidieron al recepcionista que llamara a la Policía.
Como respuesta a la agresión física del malasio forcejearon, lo contuvieron y lo inmovilizaron «sin ninguna intención de causarle daño, pues todo lo sucedido fue en defensa propia», afirman los padres de los jóvenes.
En ese momento, el hombre sufrió un paro cardíaco y murió.
Desde entonces están detenidos en la cárcel de Sungai Buloh, Kuala Lumpur, capital del país, con muy poco contacto con sus familias y acusados de homicidio, delito por el que los podrían condenar a la pena de muerte.
Desde que fueron detenidos y por muchos meses, Osiadacz y Candia pudieron comunicarse sólo a través de cartas con sus padres. Por eso, hace algunas semanas quebraron en llanto al tener su primera charla telefónica con ellos.
Sus abogados defensores buscan que los cargos sean cambiados por otros menos graves para evitar la sanción máxima, y los familiares esperan que el conflicto pueda resolverse vía esfuerzos diplomáticos.