La fiscal Paloma Ochoa requirió este viernes que se revoquen los sobreseimientos dispuestos en la causa que tenían como imputados al presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano y el juez y ex ministro de María Eugenia Vidal, Carlos Mahiques. La causa se inició a raíz del decreto que dispuso el traslado de ese magistrado del fuero ordinario a la Cámara Federal de Casación Penal.
El caso había sido cerrado por el juez Sebastián Ramos y ahora se encuentra en la Cámara Federal para a ser analizado. El camarista de Casación cuestionado ya nombró como abogado a Jorge Anzorreguy.
La fiscal Ochoa apeló el sobreseimiento y pidió a la Cámara Federal que el caso siga abierto ante la posibilidad de un delito con una designación supuestamente irregular y arbitraria.
Según el dictamen, la fiscal consideró que, en su resolución, el juez omitió analizar dos acordadas de la Corte Suprema de Justicia por las que no se podría sostener el nombramiento de Mahiques en Casación Federal.
Ochoa remitió copia de su escrito al presidente de la Comisión de Acuerdos del Senado Rodolfo Urtubey y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA).
Para la fiscal Ochoa, el juez Ramos, al menos, omitió el tratamiento de dos acordadas de la Corte que no fueron siquiera valoradas en la resolución en la que cerró la causa.
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La denuncia fue realizada contra el propio Mahiques, el presidente Macri y Garavano, que firmaron el decreto que determina el nombramiento sin que haya concursado para el cargo ni que haya intervenido el Senado prestando acuerdo, como prevé la Constitución.
También fueron apuntados en la denuncia original los integrantes del Consejo de la Magistratura que recomendaron al Poder Ejecutivo otorgarle a Mahiques el nuevo cargo en Casación.
Los denunciantes plantearon que a Mahiques se le debería imputar el delito de usurpación de autoridad, mientras que a Macri, a Garavano y a la mayoría de consejeros que facilitaron el traslado se les podría endilgar las figuras de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El traslado, según la denuncia, se concretó mediante un decreto presidencial «vulnerando la Constitución, al no respetar el procedimiento debido para el nombramiento de jueces, por lo que esta maniobra alimenta el deseo del Poder Ejecutivo de alinear y/o subordinar a los miembros del Poder Judicial».
La presentación remarcó que Mahiques fue nombrado con acuerdo del Senado pero para la Cámara de Casación penal porteña, que se ocupa de los delitos comunes. Para ser camarista federal y tener competencia de delitos federales, el concurso es otro.
La Cámara de Casación Federal tiene un concurso en trámite para otras vacantes.
Mahiques, quien había pedido licencia en 2015 en el tribunal porteño para ser ministro del gobierno de Vidal, luego volvió a su cargo en la justicia, y se postuló para ocupar la vacante que dejó Pedro David en la Casación que funciona en Comodoro Py.
El Consejo de la Magistratura envió una consulta a ese tribunal que finalmente no puso objeciones. Lo aprobó el oficialismo en el plenario y lo envió al Poder Ejecutivo, de donde finalmente salió el decreto de «traslado» definitivo.
Garavano aseguró que el nombramiento es legal, pero la fiscal dice que se violan dos acordadas de la Corte Suprema de Justicia y que no hay ningún antecedente de nombramientos similares.
La denuncia puntualiza todas las reglas y normas, incluso constitucionales, que se pasaron por alto y que ahora serán analizadas por la Cámara Federal.
