Carrefour cierra más sucursales tras el acuerdo con el Gobierno: en Quilmes echaron a 70 empleados
Tras la firma del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) que acordó Carrefour con el titular del gremio de los mercantiles, Armando Cavalieri, y el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, se empiezan a conocer el cierre de más sucursales de Capital y el Conurbano.
La primera que cerró, fue una en pleno centro de Resistencia, Chaco. Más tarde le llegó el turno a una ubicada en plena capital de Tucumán, que también bajará la persiana.
Ahora, se conoció que correrán la misma suerte sucursales en Villa del Parque, Congreso y Quilmes, siendo los primeros afectados en la zona metropolitana del ajuste de la cadena multinacional.
El supermercado ubicada en Quilmes es la de mayor magnitud. Allí trabajan 70 empleados que fueron notificados el jueves al mediodía de la suerte que correrían. La empresa alegó frente a los empleados que tomó la decisión de cerrar el local debido al alto valor en dólares del contrato de alquiler que afronta mes a mes.
En todos los casos se habla de que la empresa ofrecería el retiro voluntario a los empleados con una un monto que rondaría el 150% de indemnización, según se pactó en Trabajo y para algunos la reubicación.
Qué va a pasar con los empleados despedidos del Carrefour
Presionado por varios frentes, el Ministerio de Trabajo había reducido en abril en forma parcial los beneficios que le había otorgado a la cadena.
Esa fue la solución que encontró el titular de la cartera, Jorge Triaca, para resolver la crisis abierta con el supermercadismo y avanzar así en la homologación del acuerdo sellado durante el Procedimiento de Crisis, según confirmaron fuentes oficiales a iProfesional.
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«El Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo alcanzado entre el Sindicato de comercio y Carrefour para garantizar las fuentes de empleo», habían señalado desde el área de Trabajo.
En medio de la avalancha de reclamos empresarios, los funcionarios introdujeron cambios sobre la cláusula tercera del convenio, que fue la que generó más polémica por contemplar una rebaja del 50% en las contribuciones patronales durante 18 meses sobre el total de las remuneraciones del personal bajo el convenio de comercio, unos 18.000 empleados de un total de 19.000.
Así, se incorporó un anexo que:
– Supedita la exención de cargas solo a los incrementos de salarios otorgados a partir de este año y los adicionales (no a la remuneración completa)
– Esto implica una quita de de entre un 20% y 30% de los aportes, según los cálculos hechos por fuentes cercanas a la negociación.
«Los incrementos salariales pactados a partir de abril 2018 en el marco del CCT N°135/75 para el personal de la empresa comprendido en el mencionado convenio colectivo de trabajo se les dará un tratamiento asimilable a no remunerativo, parcial y transitorio en lo referente a las contribuciones patronales (…)», reza el agregado.
El plan mantiene sin cambios la reducción de salarios un plan de hasta1.000 retiros voluntarios con hasta el 150% de la indemnización por ley y la posibilidad de cerrar locales con 30 días de aviso previo al gremio.
Los términos del acuerdo fueron renegociados en la cartera laboral, a menos de una semana de la reunión convocada en su entonces en la quinta presidencial, donde Triaca, el CEO de la empresa, Rami Baitieh, y el titular del sindicato de comercio, Armando Cavalieri, sellaron la versión previa del entendimiento y se sacaron una foto.
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El objetivo fue «emprolijar» el texto y así mantener a salvo el acuerdo, que corría riesgo de ser volteado en la Justicia tras ser torpeado en los últimos días.
En el ámbito empresarial, trascendió el malestar de Unilever, un fabricante líder de productos de nutrición, higiene y cuidado. Y, según pudo saber iProfesional, el debate llegó hasta la Mesa de Enlace del sector agropecuario, donde reclaman subsidios ante la sequía que afecta a la soja.
Pero los reclamos más fuertes provinieron de las cámaras de distribuidores y mayoristas, supermercados regionales y chinos, que reclamaron un «trato igualitario».
Los empresarios del rubro acusan a Triaca de favorecer un «proceso de concentración» y generar una «competencia desleal» al otorgar ventajas discrecionales a la multinacional, en perjuicio de sus competidores.
Los distribuidores plantearon que «el Gobierno nacional, a través de la AFIP, no debe avalar dicho requerimiento, ya que no deben ni pueden transferir a los trabajadores ni a toda la sociedad sus riesgos comerciales».
En este escenario, el Gobierno transitó un delicado equilibrio. Por un lado, enfrentaba la presión de Carrefour que en enero lanzó su reestructuración global, con cierre de locales y un recorte masivo de empleos. Por otro, el creciente descontento empresario amenazaba la estrategia oficial de encapsular la ayuda oficial al gigante francés.
El agregado de un anexo fue la fórmula de Triaca para evitar la caída del acuerdo.
