La Justicia condenó a UBER e inhabilitó su servicio por dos años
La justicia condenó este viernes a Uber Argentina y a su CEO, Mariano Xavier Otero a la pena de multa e inhabilitación por dos años para ejercer cualquier actividad vinculada a la prestación de servicio de transporte de pasajeros de cualquier modalidad.
La multa de 60 mil pesos de cumplimiento efectivo y la inhabilitación fueron impuestas por el juez porteño Ladislado Enre de la justicia contravencional, por encontrarlos culpables de organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público.
La Justicia aplicó varios artículos del Código de Procedimiento Contravencional y aplicó la multa y la accesoria de inhabilitación por el término de dos años «para que ejerzan cualquier actividad vinculada a la prestación de servicios de transporte de pasajeros, tanto de la índole de la brindada por Uber, como de cualquier otra modalidad, de modo directo o indirecto, como también por si, o por intermedio de terceros”, indica la resolución.
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El tema Uber es controvertido en la justicia y hasta la Corte intervino en un caso. Si bien el alto tribunal no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de Uber, al rechazar un último interpuesto por el sindicato de choferes de taxi, quedó firme un fallo de la Cámara del Crimen que dice en forma categórica que no puede castigarse penalmente a los conductores de esa plataforma porque no cometen ningún delito.
Pero por otro lado hay que tener en cuenta que la ilegalidad o no del servicio se encuentra investigada por la justicia contravencional porteña que ya ha dictado resoluciones como clausuras y otras sanciones.
LA RESPUESTA DE UBER
De parte de Uber, la empresa emitió un comunicado minutos después de que se conozca el fallo de la justicia.
La decisión de la Justicia contravencional ratifica la necesidad de una regulación, es responsabilidad de la Ciudad fomentar la incorporación de tecnología a la movilidad que ya ha sido adoptada por más de un millón de personas.
La Corte Suprema ya confirmó el fallo de Casación Penal que declaró la legalidad de UBER desde la perspectiva penal.
La Justicia porteña falló en contra de la fiscalía en seis de las ocho imputaciones contra Uber.
El juez contravencional Ladislao Endre estableció una multa de $60.000 por “organizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público” similar a establecidas en los casos de ruidos molestos u organizar espectáculos de destreza en vía pública.
La multa será apelada. Uber está desde hace más de dos años en la Buenos Aires, hoy es elegida por más de un millón de personas para moverse en la ciudad y por miles de personas para generar una fuente de ingresos.
Tras dos años y medio de investigación, la fiscalía no logró producir una sola prueba y sólo logró una multa en el marco de un código que trata inconductas menores.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ya estableció también la ilegalidad del bloqueo de la operación de la empresa, en línea con lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
