Confirmaron el procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó
La Cámara Federal de la Ciudad confirmó el procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, el tribunal modificó la figura a negociaciones incompatibles con la función pública, lo que significa que para consideró que no hubo un fraude o un perjuicio al Estado.
El fallo de la Sala I de la Cámara confirmó la resolución dictada el año pasado por el juez Julián Ercolini en la que procesó a Gils Carbó por delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
La Cámara también redujo el monto del embargo de 7 millones a 1.200.000 de pesos que había impuesto Ercolini.
Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio de la calle Perón en cuestión se adquirió en valores lógicos y la millonaria comisión fue pagada por la empresa privada que vendió el inmueble, aunque sí hubo direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada.
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La compra por el edificio donde Gils Carbó tenía su oficina se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y actuó de intermediario Juan Carlos Thill, al que se le habría pagado unos $ 3 millones de comisión, y que es hermano del número dos del área de contrataciones, un funcionario de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
La firma vendedora del edificio -Arfinsa, de la familia Bemberg- pagó $ 8 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez, una subcomisión de $ 3 millones a Thill.
La sospecha de la Justicia es que la licitación por la que se compró el edificio de la calle Perón 667 estaba digitada antes de ser pública, para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión.
Ahora la Cámara procesó a Gils Carbó, Bellingi, Fischer, Jaureguiberry y Thill por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. A Gils Carbó y Bellingi los consideró autores del delito, porque eran funcionario públicos y a los restantes como partícipes necesarios.
El Código Penal en el artículo 265 dice que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».
«Recién hoy se reconoce abiertamente que la licitación de 2012 no iba progresar de modo favorable. No se habría tratado entonces de una cuestión de tiempos, sino de preferencias», dice el fallo.
«La procuradora requería de un edificio que cubriese otras expectativas. Se reclamaba que se tratase de un edificio de uso exclusivo, que contará con cocheras, un recinto para reuniones, incluso, una bóveda. Todos estos serán aspectos novedosos, que escapaban de los requerimientos de las tres licitaciones anteriores y, también, de las mismas necesidades de las áreas de la Procuración que, en un comienzo, ahí se iban instalar «, agrega.