Aumento del gas: Javier Iguacel quedó imputado por abuso de autoridad y violación de deberes
El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó hoy formalmente imputado por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, a raíz de la decisión que dispuso que los usuarios pagaran en cuotas las diferencias de precio en las facturas de gas que reclamaban las prestadoras.
Aunque el Gobierno dio marcha más con esa medida y decidió que el Estado absorba las diferencias, lo cierto es que la causa judicial contra Iguacel se abrió formalmente en Comodoro Py 2002 y avanza.
La denuncia había sido impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y ahora su colega Paloma Ochoa, que tiene delegada la investigación, procedió a la descripción de la maniobra a investigar y la imputación para el funcionario.
LEER MÁS: Denuncian al ministro de Energía por lavado de dinero
Además, en su escrito pidió a la jueza María Servini que dicte una medida de no innovar para que el Gobierno suspenda por 60 días la aplicación de la cuestionada resolución 20/2018 de la Secretaria de Energía, indicaron fuentes judiciales. Todo esto pese a que el Gobierno ya anunció que no avanzará con la medida.
Marijuan había planteado que el mecanismo de recupero autorizado a las empresas distribuidoras del servicio de gas, a través del cobro en cuotas durante el lapso de dos años, provocan «un perjuicio al patrimonio de los consumidores».
El fiscal Marijuan denunció penalmente a Iguacel por la resolución para compensar a las distribuidoras de gas
Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas en virtud de la devaluación del peso argentino con respecto al dólar.
En el escrito de denuncia que publicó Infobae, el titular del Ministerio Público Fiscal solicitó además que se dicte una medida cautelar para suspender los aumentos.
LEER MÁS: Gas: por suba del dólar, usuarios pagarán extra en 24 cuotas para compensar a empresas prestadoras
Marijuan considera que el funcionario es “prima facie” autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.
“Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores“, argumentó el fiscal.
