Un fiscal de Lomas de Zamora fue procesado por supuesto pedido de coimas a un empresario
La justicia procesó al ex titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora y a tres abogados bajo la figura de “autor y participes necesarios” del delito de cohecho pasivo en grado de tentativa por el presunto intento de cobrarle coimas para que la causa en su contra no prospere a un empresario dueño de una curtiembre en Lanús, acusado de contaminar la Cuenca del Río Matanza – Riachuelo.
Según indica el portal oficial fiscales.org, los hechos comenzaron en 2008 con un allanamiento a dos plantas de la empresa por parte de la fiscalía lomense, que luego derivaron en el pedido de 250 mil dólares a cambio de “protección de por vida y limpiar la causa” por parte de un letrado ‘sugerido’ por el ex fiscal federal imputado.
Ante el rechazo del empresario, el funcionario judicial recomendó a un nuevo abogado con “contactos en el Juzgado” que pidió la mitad de lo pedido por el primer extorsionador. El tercer letrado involucrado, en tanto, se comunicó para ofrecer el mismo servicio a cambio de dinero, pero a cambio de una cifra menor que los dos anteriores.
La investigación
El 17 de abril de 2009, uno de los dueños de una curtiembre ubicada en Lanús, denunció ante la justicia federal de Quilmes, que en el año 2008 –y por orden de la justicia federal de Lomas de Zamora- habían allanado las dos plantas de la empresa, en el marco de una investigación por contaminación de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
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Además, señaló que en la citada orden figuraba el nombre del ex fiscal y que durante el procedimiento una de las empleadas de la firma escuchó a los funcionarios policiales decir que el fiscal les había dicho que fueran despacito y que no se les ocurriera pedirles plata.
El empresario conocía al ex fiscal cuando éste era secretario e intervino en la investigación del secuestro extorsivo del que fue víctima en el año 2004.
En su denuncia, el hombre señaló que un mes después del allanamiento fue citado por la fiscalía para ser indagado. En dicha oportunidad fue entrevistado por el ex fiscal –a solas- ocasión en la que éste le habría recomendado “un abogado que era un fenómeno, ya que conocía todas las ‘tramoyas’ como para neutralizar todas las pedidas que iban a realizar desde la Fiscalía”.
Luego de la reunión, el abogado en cuestión se comunicó con el empresario y acordaron encontrarse en una estación de servicio, ubicada en la esquina de la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, donde firmó un poder para representarlo.
Ambos hombres se mantuvieron en contacto telefónicamente y pactaron un nuevo encuentro en el estudio del letrado, donde también asistió su socio quien le habría pedido U$S250.000 para “una protección de por vida y para limpiar la causa”.
El empresario volvió a reunirse con el ex fiscal, quien le recomendó un nuevo abogado que “tenía contactos con mucha gente del Juzgado”. Sin embargo, el segundo abogado lo llamó y le dijo que “el monto antes pedido se podía rebajar a la mitad”, mientras que el tercer abogado, se comunicó con el letrado del hombre y le pidió dinero, pero menos cantidad que los anteriores.
Tras la denuncia, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, recibió el testimonio de la empleada de la empresa –presente en el allanamiento-, del letrado del empresario y el damnificado, quienes describieron lo ocurrido. Así el 21 de abril de 2009, el magistrado ordenó la intervención de las comunicaciones de los sospechosos.
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Posteriormente, la titular de la Fiscalía Federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó al ex fiscal, a los tres abogados y personal de la Delegación Sur de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el 30 de abril el juez dejó sin efecto las escuchas telefónicas oportunamente ordenadas.
Recursos y nuevo fiscal
Las defensas del ex fiscal y uno de los abogados plantearon la nulidad de las medidas de prueba ordenadas por el juez Armella con posterioridad a la denuncia del empresario y antes de que la Fiscalía Federal de Quilmes formulara su requerimiento de instrucción. Dichas medidas, y los actos derivados de ellas, fueron declaradas nulas el 26 de junio de 2012.
A su turno, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la incompetencia del Juzgado Federal de Quilmes y la atribuyó a la justicia federal de Lomas de Zamora. Sin embargo, los distintos jueces federales y el fiscal de la jurisdicción se excusaron, por lo que se designó al fiscal federal de La Plata para intervenir.
Así, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que el empresario, su abogado y la empleada de la curtiembre declararan nuevamente, al igual que los trabajadores de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, tras lo cual se le requirió al juez que indagase a los cuatro sospechosos, quienes brindaron su descargo y se desvincularon de los hechos endilgados.
Procesamientos
Oportunamente, el fiscal federal Ferrara solicitó el procesamiento del ex fiscal y los tres abogados como autores del delito de cohecho pasivo. En tal sentido señaló “que los imputados no sólo se conocían y trataban en forma habitual (…) sino que en connivencia y en forma coordinada ofrecieron (implícitamente aceptando), emitir el Fiscal Federal Subrogante un dictamen en asunto sometido a su competencia” a favor de empresario “a cambio del pago de una suma de dinero de su parte (primeramente fueron U$S250.000, luego la mitad, posteriormente una suma menor)”.
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A su turno, el titular del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, Federico Villena, decretó el procesamiento sin prisión preventiva del ex fiscal autor de cohecho pasivo en grado de tentativa y de los tres abogados como partícipes necesarios del mismo delito.
Asimismo, trabó embargo sobre los bienes del ex fiscal por la suma de $1.000.000 y de los abogados por $300.000, al tiempo que dispuso la prohibición de salida del país, la obligación de fijar domicilio, informar cuando se ausenten por más de 24 hs. y presentarse cada 15 días en la sede del Tribunal.
El ex fiscal procesado fue cesanteado en el año 2011, luego de un sumario administrativo, por la Procuración General de la Nación.
