Detuvieron Fernando Amarilla acusado de extorsionar a agencias de seguridad
Un escándalo estalló en Ezeiza, pero podría sacudir a buena parte de la Provincia: la Justicia ordenó la detención de Fernando Amarilla, ex presidente del Concejo Deliberante de ese partido y actual concejal del PJ, acusado de haber extorsionado a agencias de seguridad privada para otorgarles habilitaciones y otras facilidades durante los dos años en los que estuvo a cargo de la Dirección de Agencias de Seguridad del Ministerio de Seguridad bonaerense.
La orden de detención fue dictada por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y concretada este jueves en el propio Concejo Deliberante de Ezeiza.
El delito que se le imputa a Amarilla es el de extorsión, sumado a incumplimiento de los deberes del funcionario público, por casos que habrían ocurrido entre 2013 y 2015, durante la gestión como ministro de Seguridad del actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados.
La denuncia que inició el expediente fue realizada por su sucesor en el Ministerio, Cristian Ritondo, ya que cuando en su momento las víctimas pusieron en conocimiento de las autoridades nadie les llevó el apunte.
Las sospechas contra Amarilla aparecieron tras el relevamiento de una serie de denuncias de irregularidades en expedientes administrativos relacionados con la habilitación y control de agencias de seguridad en la Provincia que hizo la nueva gestión ministerial. Según la investigación judicial, se habrían comprobado intimidaciones a propietarios de empresas, a quienes los habrían obligado a entregar dinero bajo amenazas y presiones.
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«Amarilla cumplía el rol de jefe de la organización, dando las directivas y supervisando -desde su lugar de poder institucional- que se produjeran los bloques de habilitaciones e inspecciones, como también, garantizando inmediatamente las habilitaciones a quienes pagaran las sumas requeridas», señala la imputación judicial contra el concejal, en la que se anticipa que podrían producirse más detenciones.
La primera denuncia fue realizada por Claudio Daniel Dezillio en el propio Ministerio de Seguridad bonaerense, el 23 de abril de 2014, cuando su titular era Alejandro Granados. Nadie hizo nada con eso entonces, pese a que aseguró que a principios de ese año recibió un llamado telefónico en las oficinas de la empresa que dirige, «Protected Spirits», por parte de quien se identificó como la secretaria de un funcionario del Ministerio. Le dijeron que querían «coordinar una reunión en la Dirección de Agencias de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires…».
El denunciante destacó, que previo a esta la reunión, recibió más de diez inspecciones en distintos objetivos de la otra empresa de la que es apoderado, «Prevent Security», en Canning, San Vicente y Ezeiza. Allí, explicó, los inspectores realizaron criticas y les sugirieron a los clientes que contrataran a otros compañías.
Dezillio agregó que asistió a la reunión en la Dirección de Agencias, donde estuvieron Fernando Amarilla y otro hombre, a quien identificó como «dueño de una empresa de seguridad». Según contó, allí el director le dijo que todo diálogo sería a través de esa persona, «sin supervisores ni jefes de seguridad de por medio…».
Según Dezillio, al terminar la reunión el dueño de la otra agencia de seguridad lo invitó a un café cercano. «Él y otro hombre que lo acompañaban me empiezan a hacer preguntas, cuántos objetivos tengo, cuánta gente tengo trabajando, cuántos móviles tengo, cuántas alarmas tengo colocadas… Anotaban en un cuaderno todo lo que les decía, sacan una cuenta, y me dicen ‘mirá, vamos a ser claros, por una cuota mensual no te molestamos más'», afirmó el denunciante sobre lo que le habría dicho allí el dueño de la otra agencia, hablando insólitamente en nombre del Ministerio. «Hacete amigo de esta mesa y todo va a estar bien… Si no las actas van a seguir”. El denunciante le respondió que era demasiado dinero y ofreció $12.000 pesos por mes durante los primeros tres meses, con la promesa de volver a negociar luego.
Dezillio contó que a los tres o cuatro días el dueño de la otra agencia lo llamó y le indicó que llevara el primer pago al puente del Coto de Temperley, donde alguien en un auto Smart se acercaría a cobrar. Según dijo, así lo hizo. «Quiero aclarar que pagué extorsionado ya que de lo contrario continuarían obstaculizando a la empresa y en definitiva provocando su cierre», afirmó a la Justicia.
El 23 de enero del año 2014, contó Dezillio, se presentó en la Dirección de Agencias para requerir un certificado de habilitación vigente para «Protected Spirits» y lo recibió a la tarde. «Esa misma tarde me entrevisto con el Director, el señor Fernando Amarilla, le explico lo que ocurrió con este hombre, que me mandó a otra persona a retirar el sobre con lo que habíamos pactado, le digo que no tengo el teléfono de ninguna de las personas con las que estuve reunido, a lo cual me contesta: ‘Quedate tranquilo, yo les digo que te llamen’. Yo pregunto si recibió lo mío y si estaba todo bien y afirmó con la cabeza», describió el denunciante ante la Justicia.
Dezillio contó que había filmado esta reunión con una cámara oculta. Y entregó las imágenes a la Fiscalía, donde se ve que entra una persona en la oficina y le acerca un papel a Amarilla. «Quiero aclarar que en ese momento del video me entrega Amarilla el certificado de habilitación, es un certificado que no me entregaban nunca, me retaceaban toda la documentación y a partir del pago del sobre me es entregado finalmente ese certificado….».
El denunciante agregó que luego de esa reunión se negó a seguir pagando y volvieron a «hostigar» a su empresa. «Yo no quería pagar ni 18.000 ni más pesos, entonces ellos no me aceptaron ningún pago más por debajo de ese valor y pasaron a cumplir la extorsión afectando a la empresa», afirmó.
Lo primero que hizo Dezillio fue radicar la denuncia ante la Secretaría Privada del Ministerio de Seguridad. Entonces pararon las inspecciones y las molestias a sus clientes, pero no le entregaron ninguna documentación más ni se tomó ninguna medida contra Amarilla.
A su declaración se sumó la de Ricardo Ernesto Baro, jefe de Seguridad de las empresas «Protected Spirit» y «Prevent Security». Este testigo contó que sabía que el dueño de la agencia mencionado por Dezillio actuaba como «asesor» de Amarilla. «Con Amarilla hacían, veían a donde ir y le sacaban los servicios a otras empresas y se quedaban ellos con los servicios», señaló. «Iban hasta el lugar que contrataba la empresa de seguridad que querían remover, se presentaban como que estaban haciendo una inspección, que la empresa de seguridad no tenía las cosas en regla y que la empresa que la contrataba iba a tener una multa u otro tipo de problemas legales, que iban a ser solidariamente responsables» y así convencían a los clientes de cambiar de agencia.
Fuentes policiales señalaron que el dueño de la agencia que actuaba como «intermediario» aún no fue detenido, aunque lo están buscando. También trascendió que habrá más imputados, porque el entramado de corrupción era «muy complejo».
