Sospechan que Patricia Bullrich le paga $200 mil al mes a Fariña para direccionar su testimonio
El juez federal Alejo Ramos Padilla pidió este lunes que le remitan copia de todas las declaraciones que prestó el arrepentido Leonardo Fariña en la causa de lavado de activos. El magistrado sospecha que el mediático ex financista recibe 200 mil pesos mensuales del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para direccionar la causa de lavado que ya está en juicio oral.
Según adelantó el domingo Tiempo Argentino el juez Ramos Padilla habría reconocido ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, que el Ministerio que conduce Patricia Bullrich le paga 200 mil pesos mensuales a Fariña para «direccionar» su declaración en la causa conocida como ruta del dinero K.
LEER MÁS: Cristina fue sobreseída de la causa de lavado de activos
Esa reunión fue confidencial, no obstante trascendió de fuentes consultadas, que el juez tiene la sospecha de esos supuestos pagos. Además habría dicho que no confía en el sistema de protección de testigos e imputados.
El magistrado habría explicado que si bien oficialmente la AFI, el Ministerio de Seguridad y la Embajada de Estados Unidos negaron vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio, ello no está tan claro.
Luego habría explicado que no recurrió al programa de Protección de testigos del ministerio porque habría sospechas de que por allí se canalizarían pagos a Fariña de 200 mil pesos para “direccionar sus declaraciones”, revelaron las fuentes consultadas.
En una serie de medidas solicitadas este lunes, el juez requirió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº7 de CABA, a cargo de Sebastián Casanello, «que remita copias de todas sus declaraciones, informe la/s fecha/s en la/s que prestó declaración indagatoria, informe la representación y/o asistencia letrada que tuvo en cada oportunidad».
El juez Casanello es el magistrado que investigó la causa de lavado, que ya está en juicio oral y público con Lázaro Baez como principal acusado y del cual Cristina Kirchner fue sobreseída por falta de pruebas.
