¿Se suspende el primer juicio contra Cristina? La Corte pidió el expediente de Vialidad para analizarlo
A pocos días de que comience el juicio por irregularidades en la concesión de la construcción de rutas en Santa Cruz, la Corte Suprema solicitó al Tribunal Oral Federal número 2 que le envíe de manera urgente el cuerpo principal del expediente.
De esta manera, se posterga sin fecha el inicio del debate que iba a tener en el banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner, al exministro de Planificación, Julio de Vido, al exsecretario de Obras Pùblicas, José López y al empresario Lázaro Báez, entre otros.
Con las firmas de cuatro de sus cinco miembros, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda el máximo tribunal instruyó a su secretario penal para que solicite «con carácter urgente «el cuerpo principal de la causa conocida como «Vialidad» al tribunal que en el próximo 21 de mayo iba a iniciar el primer juicio contra la ex mandataria.
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Fue un día agitado para las causas en que está involucrada Cristina Kirchner. Es que esta resolución se dio a conocer apenas unas horas después de que la sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los planteos del abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, sobre la nulidad de las pericias realizadas sobre una muestra de 5 de las 51 obras por las que se la denunció y el hecho de que más del 90% de los elementos probatorios acercados por la defensa fueran rechazas durante la investigación.
En tanto, desde el máximo tribunal indicaron que se busca evitar «errores de procedimiento» que puedan terminar generando la nulidad del juicio contra la ex mandataria, en la que se la acusa de direccionar las obras públicas en Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez.
¿Por qué no puede iniciarse el juicio oral mientras la Corte analiza el expediente? Es que esa documentación sirve para direccionar el debate, ya que las acusaciones se van cotejando con los elementos incorporados a la causa durante la etapa de investigación, como una forma de garantizar el derecho de defensa de los acusados.
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Por ejemplo, es determinante al momento de las tomar las declaraciones de los testigos, ya que los funcionarios judiciales no podrán comprobar si por aquel no incurrió en falso testimonio.
Además, quedan por resolver la demanda civil que el gobierno de Mauricio Macri presentó en 2016 junto con la denuncia penal en la que pidió que los acusados indemnicen al Estado nacional por las irregularidades cometidas.
Allí se generó un conflicto en cuanto a la competencia de los jueces. Para el Tribunal Oral ese planteo debía tramitar en la Justicia Civil y Comercial Federal. Pero la jueza de ese fuero, Alicia Pérez, consideró que quien debía entender en ese tema era el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. De esta manera, el expediente volvió al Tribunal Oral, que ahora debe volver a decidir.
Este es otro punto determinante ya que la defensa de los acusados, además de quejarse porque se les negó la realización de medidas de prueba, consideró que el caso debía tramitar junto con la demanda civil y no por separado. Es decir, todo debía tratarse en un mismo juicio oral.
A fines de abril, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió no acumular en un solo tribunal los juicios a Cristina Kirchner por las causas de las presuntas irregularidades de la obra pública a Lázaro Báez y por el expediente «Los Sauces».
También reclaman que en el transcurso de la investigación, las decisiones del juez de instrucción Julián Ercolini revisadas por la Cámara Federal porteña después recayeron en dos salas distintas de Casación (la IV y la I), lo que vulneraría su derecho a la defensa.
La acusación es por la presunta concesión irregular de obra pública para Santa Cruz a las empresas de Báez durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Según la imputación, muchas de esas obras nunca se terminaron pero se cobraron y tenían sobreprecio.
Las sospechas de la investigación impulsada por los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita destacan que las irregularidades alcanzan una cifra cercana a los 46.000 millones de pesos.
¿Y ahora cómo sigue? La Corte analizará el expediente para determinar si hace lugar a la queja de la defensa. Si considera que se vulneró el derecho de defensa, ordenará que continúe la investigación y se incorporen los nuevos elementos, pero si entiende que la actuación de los tribunales de instrucción fue correcta, rechazará el pedido y el juicio comenzará de una vez por todas.
