La Justicia redujo la condena de Amado Boudou por el caso Ciccone
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), el mismo que lo condenó por voto mayoritario, hizo lugar a un planteo de la defensa que solicitó que se le compute a Amado Boudou el tiempo que estuvo detenido por primera vez, es decir del 3 de noviembre de 2017 al 17 de enero de 2018, como parte de la sentencia dictada el año pasado en su contra de cinco años y diez meses. Así, le redujo casi tres meses el tiempo que ex vicepresidente de Cristina Kirchner tendrá que pasar en la cárcel.
Después de que la Cámara de Casación dejó firme la condena contra Boudou en la causa por la venta de la calcográfica Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, su abogado defensor Alejandro Rúa presentó un escrito requiriendo que se considere la detención que sufrió el ex vicepresidente por orden del juez Ariel Lijo en 2017 en una causa conexa al expediente por la imprenta.
Además, se planteó que «tampoco se había considerado el tiempo en la libertad ambulatoria de Boudou, que también estuvo restringida, entre el 12 de diciembre de 2018 y el 18 de febrero de 2019».
En respuesta a esto, según la resolución a la que accedió Clarín, el fiscal Marcelo Colombo certificó los tiempos de detención y entendió que la defensa tenía razón en su planteo respecto a que debía computarse el tiempo que permaneció con prisión preventiva previo a la condena en el juicio por el caso Ciccone.
El TOF 4, con la disidencia del juez Néstor Costabell, votó por hacer lugar al requerimiento que reduce en casi tres meses la condena que Amado Boudou cumple. El magistrado dijo que «no puede ni debe considerarse como cumplimiento de pena el tiempo en el que el condenado Boudou estuvo excarcelado (…) lo que impide equiparar tal instituto con la libertad jurídica para computarlo en la forma pretendida por la defensa», respecto al período de su detención domiciliaria.
Sobre el período que estuvo preso en la causa por enriquecimiento ilícito, por orden del juez Lijo, el presidente del TOF 4 señaló «no ha recaído pronunciamiento alguno» al respecto y que no «es éste el momento oportuno de expedirse respecto a eventuales registros de tiempos paralelos». Sobre este expediente no hay resolución del juzgado a cargo aún, sólo se exigió a los acusados que justifiquen sus respectivos patrimonios bajo sospecha de haberse incrementado de forma ilícita.
Voto diferente fue el de la jueza María Gabriela López Íñiguez y su par Daniel Obligado quienes avalaron el planteo del representante del Ministerio Público Fiscal resaltando que se debe considerar el tiempo que el ex vicepresidente «permaneció privado de su libertad en el marco de la causa» por enriquecimiento ilícito, relacionada a Ciccone, «deberá ser tenido en cuenta en el cómputo de tiempo de detención».
Sin embargo, los jueces coincidieron en no computar el tiempo que Boudou estuvo con prisión domiciliaria desde el 12 de diciembre de 2018 al 18 de febrero del año en curso. Por ello la condena se reduce a casi tres meses teniendo en cuenta sólo el lapso de noviembre de 2017 a fines de enero del año siguiente.
Según pudo saber Clarín, el abogado Alejandro Rúa podría recurrir el planteo exigiendo que también el período en el que Boudou permaneció con tobillera electrónica en su domicilio, sea computado.
Fue la Cámara de Casación la que este año confirmó la condena del caso Ciccone. Los camaristas indicaron que se encuentra «debidamente acreditada la maniobra juzgada referida a que Nicolás Tadeo Ciccone entregó su empresa Ciccone Calcográfica SA al grupo liderado por Amado Boudou». Así, se dio por corroborado que esto se reflejó en el compromiso asumido para que la compañía «vuelva a ser operativa a la ex calcográfica para que pudiera contratar con el Estado Nacional y así obtener jugosos réditos económicos».
Respecto al ex vicepresidente de Cristina Kirchner, el Máximo Tribunal Penal indicó que al encontrarse «impedido de efectuar negociaciones en beneficio propio y en perjuicio de los intereses de la Nación», Boudou «se valió de su amigo personal, José María Núñez Carmona -quien dirigía la actuación de Alejandro Paul Vandenbroele- utilizando empresas fantasmas y operaciones simuladas que dificultaban rastrear a los verdaderos titulares del negocio y entender el verdadero alcance del acuerdo ilegal».
La maniobra continuó. Una vez en control de la firma, el grupo liderado por el ex vicepresidente -según la resolución judicial-, se «manipuló en provecho personal, por lo menos, tres organismos del Estado: la Casa de Moneda SE, la AFIP y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia» para que «beneficiaran a la ex Calcográfica Ciccone». En este tramo de la maniobra participaron también, Resnick Brenner y César Guido Forcieri «quienes plasmaron la voluntad de Amado Boudou», indicó la Casación.
La firma fue financiera y jurídicamente rescatada en forma «ilegítima y pudo contratar irregularmente con el Estado Nacional», indica la resolución.
En la causa se señaló que el circuito cerró en abril del 2012, cuando el Gobierno contrató a Ciccone -bajo liderazgo de Vandenbroele, Boudou, Núñez Carmona-, para que imprimiera 160 millones de billetes de cien pesos, un trabajo por el que el Estado pagó 140 millones de pesos. También se encargaron trabajos partidarios: la calcográfica imprimió boletas para el Frente para la Victoria.
