Confirman el procesamiento de Cristina Kirchner por el uso indebido de aviones presidenciales
La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de la vicepresidenta electa Cristina Kirchner por el uso de aviones presidenciales para uso particular cuando ella y Néstor Kirchner estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo. Lo curioso es que aunque esta causa se la nominó como los “vuelos canillita” no se consideró delito que se hiciera llevar los diarios y resúmenes de prensa a Río Gallegos o El Calafate. Los jueces entendieron que ese material periodístico era atinente a sus funciones y que, en todo caso, pudo haber constituido una falta ética.
Sin embargo, se la procesó porque, según los pilotos, en los aviones presidenciales se trasladaron muebles y objetos que tuvieron como destino final los hoteles de la familia Kirchner.
“Esa circunstancia aleja la posibilidad de cualquier justificación que se le pudiera dar, aún aquella que se ensayó respecto de que había vuelos que debían salir sí o sí y cuyo recorrido podía aprovecharse para el traslado de elementos claramente alejado de las necesidades del Gobierno Nacional”, escribió en su voto el juez Mariano Llorens, quien firmó la resolución junto a sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, según la resolución a la que accedió Infobae.
Si bien el procesamiento y embargo de Cristina Kirchner fue confirmado, la Cámara Federal revocó el procesamiento de Oscar Parilli, el ex secretario de la Presidencia de la que dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial, de donde salían los fondos para los vuelos. A criterio del juez Claudio Bonadio, Parrilli -ahora senador electo- era el autor del delito de peculado. Pero la Sala I de la Cámara tuvo otro criterio. Fue una decisión dividida: mientras Llorens entendió que había que procesarlo como autor de la maniobra porque era quien disponía del presupuesto, sus pares le dictaron la falta de mérito porque no se encontraron elementos objetivos en el expediente que permitieran corroborar que su responsabilidad en esos traslados.
Con esta decisión, Cristina Kirchner tiene diez procesamientos confirmados (algunos de ellos ya en juicio oral) y dos prisiones preventivas vigente (Memorándum y cuadernos). El delito de peculado castiga al funcionario “que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración nacional” y establece una pena de entre dos y diez años de prisión.
La investigación de los vuelos al sur fue activada por Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos. Fue cuando avanzaba sobre la hipótesis de dinero al sur y llamó a pilotos de los aviones oficiales a declarar.
Aunque cuando Cristina Kirchner estaba en la Casa Rosada varias notas periodísticas aludían a que se hacía llevar los diarios desde Buenos Aires a Santa Cruz cuando se encontraba en el sur, el tema nunca se judicializó. Pero el caso de los cuadernos llegó a manos de Bonadio que detuvo y procesó a distintos secretarios privados y colaboradores de Néstor y Cristina Kirchner como parte de la asociación ilícita por las anotaciones de Oscar Centeno (aunque luego la Cámara Federal también dictó la falta de mérito para la mayoría de ellos). En busca de pruebas sobre el transporte de bolsos con dinero al sur, Bonadio citó a los pilotos de los aviones oficiales. Y allí se topó con declaraciones que apuntaban a traslado de diarios y muebles. Eso deparó en otra causa aparte, que por sorteo también le tocó a Bonadio.
En su indagatoria, la ex presidente descalificó las acusaciones. “Esta versión no es novedosa, ya que desde hace años, siempre los mismos denunciantes y siempre los mismos medios de comunicación, vienen repitiendo la misma versión que, incluso para algunos, adquirió el carácter de leyenda. Al igual que el caso anterior, Bonadío interviene ilegítimamente en esta investigación, iniciada en base a supuestas pruebas recabadas en la ‘causa de las fotocopias’”.
Para Bonadio, “los hechos investigados fueron producto del antojo de un funcionario y la condescendencia de otro, y comenzaron a gestarse a partir de la tardanza de un vuelo comercial en el cual se enviaban hasta entonces, lo que perduró con regularidad nada menos que por un período de 12 años. No cabe duda de que, cuanto menos en el caso del traslado de los diarios, Parrilli no solo estaba al tanto de los envíos sino que era quien los ordenaba”. Según planteó, “el destino de los fondos públicos dirigidos al buen desempeño de la función no pueden ser desviados para el cumplimiento de los caprichos de ningún funcionario» y el “derroche de fondos publicos” implicó un costo de entre $86.650 y $476.500.
