La diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala, procesada por defraudación al Estado

La diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala, procesada por defraudación al Estado

La Justicia Federal de Resistencia, Chaco, procesó hoy sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala, y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de «fraude en perjuicio de la administración pública».

Tras esta decisión, la diputada Ayala descartó que vaya a dejar su banca: «No estoy de acuerdo con el desafuero, no voy a renunciar. Pero son legales mis fueros».

En declaraciones a El Destape Radio, la legisladora, quien explicó esta mañana que no estaba al tanto del procesamiento, aseguró: «Fui llamada a indagatoria por un tema descabellado», y explicó que se trató de una denuncia que un intendente realizó en 2018 «porque en 2016 compró con sobreprecios». En ese sentido, afirmó que se trata de «causas armadas», y concluyó: «Yo gané las elecciones en 2017 y me destruyeron».

Se trata de un expediente en el que la legisladora nacional es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri , en diciembre de 2015, y durante dos años.

En este sentido, la jueza federal Zunilda Niremperger, entendió, a partir de las pruebas recolectadas en la causa, y las declaraciones y testimonios, que se trató de una contratación «completamente viciada».

«Existen sobrados elementos que acreditan el modo irregular en que se habrían afectado los fondos aportados por la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación una vez transferidos a la Municipalidad de Quitilipi», argumentó la magistrada en el auto de procesamiento, al que tuvo acceso Télam.

En este punto, entendió que, si se conjuga la «falta de realización del procedimiento correspondiente para efectuar la contratación, en este caso, una licitación pública», con las «diferencias significativas entre los precios de mercado y los importes efectivamente abonados», y otras pruebas, «no resulta excesivo afirmar que nos encontraríamos ante una contratación completamente viciada».

Además de la diputada nacional Aída Ayala, también fueron procesados -en todos los casos sin prisión preventiva- sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, y el empresario Claudio Tolosa.

Ayala dejó en diciembre de 2017 su cargo de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación para pasar a desempeñarse como diputada nacional por Chaco.

El pedido de desafuero de la diputada solicitado por la Justicia nunca llegó a ser tratado en al Cámara baja.