Soterramiento del Sarmiento: fiscal ratificó que existió una coima millonaria y apunta a Calcaterra
El fiscal federal Franco Picardi ratificó la existencia de un presunto pago de sobornos por 4.495.250 dólares por parte del consorcio empresario, integrado entre otros por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que se adjudicó el soterramiento del tren Sarmiento y que habría sido canalizado a través de una firma extranjera.
Picardi presentó un extenso informe al juez que lleva la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, en base a datos llegados desde el Principado de Andorra, relativos a la «ruta del dinero» de la maniobra, según el texto al que hoy accedió Télam.
«El examen de los antecedentes obrantes en la investigación en el Principado de Andorra en conjunción con los elementos» ya obtenidos en la investigación «permiten concluir que la UTE CNS fingió o simuló haber contratado a la firma extranjera DSC para llevar adelante una contraprestación de servicios con motivo de la obra pública» para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, explicó Picardi.
Para el acusador, el «único fin» de esa contratación fue «justificar el giro de 4.495.250 dólares» que se habrían usado para el pago de sobornos a ex funcionarios.
En este contexto, «se pudo acreditar la inexistencia de una efectiva contraprestación de servicios con motivo de la contratación puesta bajo lupa», advirtió el fiscal.
Picardi hizo alusión al «hallazgo de nuevos elementos probatorios detectados por esta parte, como así también al nuevo material aunado al presente que confirman, aún más, que la Unión Transitoria de Empresas integrada por ‘Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.’ suscribió dos contratos fictos o simulados con la firma española Detección de Riegos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DSC)».
Estos contratos «le permitieron girar u$s4.495.250 a la Banca Privada de Andorra (BPA) para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento», afirmó.
La «transacción comercial puesta en crisis se erigió como un eslabón más dentro de un engranaje jurídico y financiero diseñado por las firmas en cuestión y sus integrantes con el solo fin de concretar el pago de sobornos a funcionarios públicos integrantes de la entonces cartera del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación», explicó Picardi.
De esta manera, se aseguraron «la adjudicación y continuidad de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento».
El Registro Mercantil Central de España remitió información a la Justicia argentina vinculada a la supuesta «existencia de estructuras societarias constituidas como ‘pantalla’ con el único objetivo de facilitar la canalización de fondos espurios», agregó
«Esta concatenación de contrataciones de servicios de «asistencia técnica» o «consultoría» con prestaciones de servicios casi idénticas y aparentes solo puede cobrar sentido o comprenderse a la luz del diseño de un esquema jurídico y financiero que fue orquestado de manera conjunta y coordinada por las empresas integrantes del consorcio y sus miembros», analizó la fiscalía.
Esto se habría hecho «al solo fin de justificar la salida de fondos espurios al exterior para el pago de sobornos con motivo de la obra pública bajo lupa».
El 21 de agosto del año pasado la Cámara Federal porteña anuló procesamientos dictados por Martínez De Giorgi al ex ministro de Planificación Federal en el kirchnerismo, Julio De Vido y a otros ex funcionarios como Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López por supuestas negociaciones incompatibles en el caso y también la falta de mérito a empresarios como Angelo Calcaterra y Jorge Rodríguez.
El Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación para que abarque la presunta existencia de otros delitos como el pago de sobornos.
