Presentan un proyecto para estatizar Vicentin, la empresa que provocó el mayor default privado
Tras el escándalo por la denuncia del director del Banco Nación, Claudio Lozano, sobre los préstamos otorgados por la entidad a la empresa Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri, que generó el default comercial.
El diputado nacional por el Frente de Todos, Juan Carlos Alderete presentó un proyecto de estatización completa del Grupo Vicentin, constitución de una empresa mixta mayoritaria del Estado con participación de distintos sectores interesados, formas de organización social de la producción donde combine experiencias donde participen productores, trabajadores, el propio Estado, formas mixtas, etc.
Vicentin es un grupo empresario en torno al cual se mueve una gran parte de la actividad económica en la provincia de Santa Fe, grupo con presencia en una amplia red de sectores económicos que van desde la agroexportación, hasta frigoríficos, bodegas, algodoneras, etc. La familia homónima dueña de la empresa está en el puesto 27 de las 50 familias más ricas de Argentina según la revista FORBES del año 2018.
Así, inscripto como esta en el agronegocio en la Argentina, se vincula al dominante sector exportador ya que el 87% de su producción termina fuera del país. Vicentin es un grupo empresario con absoluta viabilidad, por lo tanto, no debe dejar de funcionar.
Actualmente, no solo está en juego su continuidad, se trata también de asegurar la continuidad de fuentes de trabajo, de ingresos al fisco nacional y provincial, de recuperar fondos necesarios en momentos de vigencia de una emergencia como la decretada por ley en el Congreso Nacional y de clarificar una situación que puede afectar a un sector clave de la economía nacional.
La situación antes mencionada se agrava ante la reciente presentación de la empresa a concurso de acreedores. Esta instancia suele utilizarse para lograr una baja en las deudas y da como resultado la desvalorización de los activos.
En ese marco, Glencore (grupo asociado a Vicentin) podría comprar con muy poco dinero al grupo empresario, beneficiando de alguna manera a los actuales dueños de Vicentin. Las variantes de lo que harán los dueños de Vicentin con el futuro de la empresa deberán aclararlo ellos, pero no sería extraño pensar que se estuviese incubando algún cambio de manos que implicase, en última instancia, la extranjerización del grupo.
Para llevar a cabo el proyecto es necesario:
- Asegurar la continuidad de la empresa
- Hacerlo previniendo un vaciamiento o la extranjerización fraudulenta de la misma.
- Asegurar la recuperación de los fondos prestados por la Banca Oficial o de aquella en la que participe el Estado
- Recomponer la cadena comercial, principalmente en lo que atañe a los pequeños productores y cooperativas afectados por el default
La intención del Documento de Propuesta de Debate es ubicar el mecanismo legal que permita impedir la extranjerización de Vicentin, garantizar la permanencia de sus fuentes de trabajo, impedir que los manejos poco claros de esta empresa terminen empujando a la quiebra a pequeños productores y cooperativas que entregaron sus granos y, a la vez, dar pasos en búsqueda de una solución definitiva recuperando los fondos de la Banca Estatal que son importantes y que pueden destinarse a fines productivos y paliativos de la Emergencia Social (emergencia alimentaria, salarios y jubilaciones, reactivación de la economía, apoyo al productor agrario, PYMES, etc.)
Una posible línea de acción
Se trata entonces de definir una medida urgente que evite el vaciamiento de la empresa y la pérdida de fondos del Estado. En este sentido, reproducimos, por creerlo conveniente, algunas de las declaraciones que el Senador Francisco Durañona emitió al respecto en los medios públicos:
El senador del Frente de Todos, Francisco Durañona propuso que el Estado estatice la firma Vicentín y se quede con un porcentaje de las acciones, dado que es el principal acreedor de la gigantesca deuda que tiene mediante el Banco Nación (BNA) y el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro).
“Hay que intervenir con la Inspección General de Justicia (IGJ) la sociedad e iniciar el proceso de CRAM DOWN para que el Estado se quede con el paquete mayoritario de las acciones de Vicentin”
propuso Durañona en diálogo con Radio 10.
El CRAM DOWN o salvataje es un sistema de propuesta de acuerdo preventivo por un tercero, quien, en caso de obtener la conformidad de los acreedores, adquiere la empresa concursada. Implica la sustitución del empresario en quiebra, que es sustituido por otro en mejor situación para salvar la firma. Ésta es una figura comercial mediante la cual se realiza un salvataje de una empresa en quiebra que consiste en la apertura de un registro en el que deberán inscribirse aquellos interesados en adquirir la empresa.
Durañona justificó que la decisión se debe dar producto del tamaño de la deuda que el grupo empresario tiene. Los dos principales acreedores son el BNA, que prestó casi 18.000 millones de pesos, y el Bapro, que otorgó 13.000 millones de pesos.
“Está previsto en la Ley de Concursos y Quiebras: a cualquier especialista en derecho comercial y concursal que se le pregunte ratificará la existencia de este protocolo porque no se habla de expropiación, sino de continuidad de la empresa´, afirma Durañona.
Por medio de este salvataje, el Estado se adueñaría de las acciones correspondientes a la deuda contraída con la Banca Oficial.
Fragmento del proyecto: Una cuestión de soberanía
La intervención del Grupo Vicentin por parte del Estado (principal acreedor) permitiría incidir en un sector clave de la economía nacional evitando que los productores agrarios, en su mayoría pequeños y medianos como demuestra el reciente Censo Agropecuario Nacional, sean perjudicados.
Se garantizaría la continuidad laboral de los cientos de trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones directas e indirectas en sus plantas y que no se corte la cadena de pagos golpeando a los pequeños productores y los pueblos del interior.
Pero también sería una oportunidad inmejorable para que el Estado vuelva a ser protagonista en uno de los sectores fundamentales de nuestra economía, hoy dominado mayormente por empresas de capital extranjero. Por otra parte, se evitaría la pérdida de fondos necesarios para las Emergencias legisladas recientemente y para volver a poner en marcha el motor de la producción nacional y la pequeña y mediana industria principal generadora de puestos de trabajo en el país.
Sobre la base de entender que sin soberanía económica no habrá soberanía política ni posibilidad de justicia social, y en el marco de la crisis que vive nuestro país, existen mecanismos posibles para intervenir de manera inteligente, cuidando los intereses de los trabajadores y trabajadoras, así como los de las Provincias y la Nación.
La vuelta de la participación estatal en este sector de la economía no sólo es el único resguardo que hoy existe de la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, sino que además podría aportar a un cambio que hoy es imprescindible en el modelo productivo argentino. De esta forma, podría iniciarse un camino que recoja la experiencia del IAPI (INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO) durante los primeros gobiernos del General Perón.
Se pondría nuevamente en el centro la Defensa Nacional y el control del Estado sobre un sector clave para el desarrollo independiente de la industria nacional y del bien estar de la población, tomando como ejemplo los motivos que propiciaron la creación de YFP por parte del General Mosconi.
Se podría recuperar una porción de soberanía monetaria hoy en manos de un sector altamente extranjerizado que explica el ingreso de 2 de cada tres dólares que ingresan al país. Sector que se ha beneficiado con las sucesivas devaluaciones, muchas veces provocadas por la decisión de estas mismas empresas de no liquidar divisas, situación propiciada por el macrismo con la quita de las normas que obligaban a estas empresas a hacerlo en determinado tiempo posterior a la venta de los granos.
Con el estado formando parte de este complejo agroexportador las políticas fiscales podrían ser mejor focalizadas sobre un sector que ha tenido superganancias en las últimas décadas y ha descargado la carga impositiva casi siempre sobre los productores, el primer eslabón de la cadena agroexportadora.
Por otro lado, la referencia estatal en el sector permitiría aportar al mejoramiento de la comercialización, la generación de precios de referencia para los productores y para el mercado interno, así como distender la dependencia comercial que hoy nos ata (condicionando nuestro desarrollo independiente) a las superpotencias compradoras.
