Sin la presencia de Juntos Por el Cambio, Alberto Fernández anunciará hoy la nueva reforma judicial
Con una presentación bien estudiada, que de no mediar inconvenientes se llevará a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el gobierno presentará hoy el proyecto de ley de reforma de la Justicia, que buscará duplicar la cantidad de juzgados federales para terminar con la «actitud pendular» de los tribunales de Comodoro Py y formalizará a un consejo de juristas que asesorará al Ejecutivo en temas tales como la ampliación la Corte Suprema y la modificación del Consejo de la Magistratura, todos sensibles para este poder del Estado.
Justamente, ese capítulo de la ambiciosa reforma es la que hizo declinar la invitación de Presidencia a los jefes de bloque parlamentarios de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, que rechazó esa iniciativa y hasta la vinculó con cierta búsqueda de «impunidad».
Lo cierto es que el presidente Alberto Fernández presentará hoy a las 16 lo que considera una «necesaria» reforma de la Justicia junto a miembros del gabinete y referentes opositores que podrán seguir los anuncios por teleconferencia.
Estará junto al primer mandatario la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien se ocupó de desarrollar la propuesta legislativa junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
La iniciativa impulsada por el oficialismo propone ampliar de 12 a 46 los jueces federales para licuar el poder que detentan hasta ahora los magistrados de Comodoro Py, donde hay algunas vacantes, como la que dejará el jubilado Rodolfo Canicoba Corral. «Se van a incorporar los juzgados nacionales hoy con competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además, los de la justicia federal de las provincias», explicó a este diario una alta fuente gubernamental consultada.
El proyecto también impulsará el sistema de juicios por jurados -que hoy se aplica parcialmente en la Provincia- y su presentación estará acompañada por la formalización de los once miembros del Consejo Consultivo que asesorará al Presidente en el mejoramiento del servicio de justicia.
Entre los designados está la jueza de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, la integrante del Supremo Tribunal de la Ciudad y fallida candidata macrista a la Procuración, Inés Weimberg de Roca, pero también dos nombres que generan polémica: el abogado de Cristina Kirchner, el reconocido penalista Carlos Beraldi y León Arslanian, ex integrante del juicio a las Juntas, pero reciente defensor del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
La idea original es que los juristas asesoren al Ejecutivo en la composición y competencias de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, esta última una enmienda que había impulsado el macrismo.
Pese a que la idea es mejorar el servicio de justicia, la posible modificación del máximo tribunal llevó a Juntos por el Cambio a rechazar el convite al considerar que «no es una prioridad para la ciudadanía preocupada por angustias y carencias evidentes en materia económica, social y de seguridad», y asegurar que «la comisión de expertos (…) tiene una mayoría de integrantes con opinión formada, que es la de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte Suprema y un funcionamiento del máximo Tribunal en salas. El objetivo es claro: crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal, para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad». Esta última acusación refiere a la audaz versión que asegura que toda enmienda al máximo tribunal buscaría frenar una supuesta condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner, si llegara a esa instancia alguna de las causas que hoy la tienen como procesada.
En el oficialismo, lógicamente, rechazan esas suspicacias. Y una ex «enemiga» de Cristina, como la hoy influyente Vilma Ibarra, enfatiza que el proyecto busca dar una discusión, un debate para que se mejore el servicio de acceso a la justicia. «Fue una promesa de campaña y ha sido un reclamo histórico en este país. Queremos salir de esa justicia pendular que cuando está un gobierno investiga a los opositores y cuando llega otro se ocupa de los nuevos opositores. En este momento nosotros estamos en el gobierno y el Presidente tomó la decisión de terminar con esta justicia pendular», remarcó la funcionaria.
