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Denuncian casi 200 casos de Covid en el Poder Judicial y apuntan contra la Corte

La AJB lanzó duras críticas y mostró su preocupación ante las condiciones en las cuales desarrollan las tareas en el organismo público.

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Denuncian casi 200 casos de Covid en el Poder Judicial y apuntan contra la Corte

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) lanzó una fuerte advertencia que podría desembarcar en un conflicto si no obtienen respuestas a los reclamos realizados. Los trabajadores del sector reclaman condiciones seguras de trabajo en el marco de la pandemia y denuncian serios problemas que llevaron a casi 200 empleados contagiados de Covid-19. Al mismo tiempo, reiteraron el pedido de convocatoria a paritarias salariales.

A través de un comunicado, el gremio que nuclea a judiciales bonaerenses manifestaron que resolvieron “declarar el estado de alerta, cursar pedidos de reunión urgente a las autoridades del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte y la Procuración General, y aprobar la realización de medidas de fuerza para el caso de no obtener respuesta a los reclamos pendientes”.

En ese sentido, denunciaron que “desde el inicio de la pandemia la Suprema Corte y la Procuración General han sostenido una política negligente en el diseño e implementación de medidas de prevención contra el Covid-19”.

“Hoy nos acercamos a los doscientos judiciales bonaerenses contagiados, por lo que resulta necesario revertir estas políticas para evitar sus consecuencias posibles, tal como el fallecimiento por COVID de una empleada judicial en la provincia de Córdoba”, relataron.

Entonces, detallaron las condiciones en las que desarrollan sus tareas: “problemas en la provisión de agua potable, falta de equipamiento de protección personal, edificios sin servicio de limpieza o en los que se realiza sólo dos o tres veces a la semana, serias falencias en la ventilación o en la garantía de distanciamiento social y la ausencia de un plan de instalación de barreras fijas de protección para los puestos de atención al público marcan el nivel de desidia con que el Poder Judicial organiza el cuidado de quienes trabajan diariamente en sus diferentes dependencias”.

Asimismo, señalaron que la Corte habilitó el trabajo presencial por “la subordinación que viene mostrando la cabeza del Poder Judicial a los requerimientos y presiones del Colegio de Abogados, para lo que cuenta con el inestimable aval de gran parte de las y los magistrados tal como se expresa en los posicionamientos de su institución representativa en el nivel provincial”.

En cuanto al reclamo salarial, la AJB sostuvo que “la determinación del gobierno de Axel Kicillof de congelar el debate por la recomposición salarial de las y los estatales profundiza el deterioro del poder adquisitivo de nuestros haberes”.

“En efecto, al finalizar el mes de agosto la inflación acumulada durante 2020 habrá duplicado el 9% de recomposición salarial acordado previo a la pandemia. Dicha pérdida se produce sobre salarios ya severamente deteriorados durante los cuatro años de la gestión de María Eugenia Vidal, en los que el recorte fue superior a un cuarto de su poder adquisitivo”, añadieron.

Luego, explicaron que “este cuadro genera una situación especialmente grave para las y los trabajadores judiciales de las categorías más bajas. Como referencia, actualmente el cargo de ingreso al Poder Judicial recibe una remuneración mensual de $29.811, muy lejos de los $44.521 que según el INDEC necesita una familia de cuatro personas para no ser pobre en la Argentina”.

Finalmente, aseguraron que “las restricciones presupuestarias operadas como consecuencia de la pandemia no resultan suficientes para justificar el proceso de deterioro de los salarios”.

“En este punto la AJB reitera que el gobierno tiene la facultad y el deber de implementar medidas de orden fiscal que permitan al Estado obtener los recursos suficientes para financiar las políticas sanitarias necesarias en la emergencia, auxiliar a los sectores vulnerables que más severamente padecen las consecuencias de la crisis y también sostener los salarios de quienes le ponen el cuerpo al funcionamiento estatal en las peores condiciones”, concluyeron.

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