Empresas de TIC criticaron el «innecesario e injustificado» decreto de Alberto Fernández sobre el congelamiento de tarifas
El Gobierno avanza en la decisión de declarar como «servicios públicos esenciales» a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga, tal como lo anunció el presidente Alberto Fernández. Su decisión generó la respuesta inmediata de las empresas de telecomunicaciones. Salieron a mostrar su rechazo al decreto por «innecesario e injustificado». «La justificación de la urgencia para el dictado del DNU es falsa», aseguran.
En un comunicado conjunto, las empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), criticaron el DNU 690/2020: «Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro».
Dicho comunicado está firmado por empresas como Telecentro, Claro, Directv, Telecom y Telefónica, entre otras. «La norma no deja de sorprender dado que siempre mantuvimos el diálogo de buena fe con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que lleven alivio a quienes más lo necesitan. La justificación de la urgencia para el dictado del DNU es falsa«, agregaron.
Aseguraron que «resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del Servicio de Telefonía Fija durante 15 años (1999/2015)».
«Mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario generando un marco de absoluta incertidumbre», afirmaron.
Y, además, remarcaron que «en forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos aún urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado de desarrollo. El Servicio Público, en cambio, es una regulación limitante, que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos».
«Decretar servicios públicos a internet, TV paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población y fundamentalmente busca invertir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia», resaltaron en el comunicado que dieron a conocer a los medios.
Dijeron que el sector necesita de la competencia: «Las telecomunicaciones son una industria en competencia de más de 1.200 prestadores que permiten a los usuarios optar por distintas ofertas de conectividad, en todas las provincias y municipios del país, bajo un régimen de licencias y no de concesión pública, que tienen un único prestador en cada zona».
Dijeron también que «en este marco y en sus distintas modalidades -fija, móvil o satelital- la industria TIC logró una cobertura de hasta el 95% de la población del país. Según datos del Indec, a diciembre de 2019, el 82,9% de los hogares contaba con accesos a internet. Además, hay más de 50 millones de líneas celulares en servicio. No hay otro servicio en el país con esa cantidad de clientes».
Y agregaron: «La industria está comprometida con la expansión de los contenidos audiovisuales de producción nacional. Para ellos desde hace años invierte y apoya películas y series de talentos locales, fomentando de esta manera al consumo tanto en cines y en el hogar de producciones argentinas. Como así también desarrollos nacionales para internet de las cosas. Gracias a ello, hoy millones de argentinos pueden disfrutar de diversidad de voces y opciones de entretenimiento desde series y películas hasta eventos deportivos».
Desde el sector también pidieron «certidumbre regulatoria para incentivas la inversión»: «Para acelerar la inclusión digital se necesitan inversiones intensivas, de forma recurrente y a largo plazo para expandir los servicios. La industria TIC en su conjunto es el sector que más invierte en la Argentina, junto con el petróleo (20.000 millones de U$S durante los últimos diez años, con una contribución del 2,4% del PBI)».
Al respecto, explicaron que «Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares mejores servicios y llegar a quienes aún permanecen desconectados la industria necesita certidumbre. La intervención sobre el sector que representan las medidas anunciadas, en un contexto como el argentino, resultará negativo para continuar desarrollando el acceso y cobertura en los servicios de internet, telefonía móvil y TV paga».
Por último, compartieron las medidas que tomó el sector TIC durante la pandemia: «Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, la industria está comprometida con sus colaboradores, proveedores y clientes con el objetivo de mantener conectados a todos los argentinos. Ha implementado voluntariamente facilidades y beneficios para los sectores más vulnerables como el diseño de Planes Inclusivos, no corte por mora, la retracción de precios y la gratuidad en la navegación por portales educativos».
«Brindamos conectividad en hospitales, centros educativos y numerosas dependencias públicas. Hemos efectuado donaciones y campañas gratuitas de SMS.
Además, ha venido sostenido el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias y laborales, sin recibir ningún tipo de subsidio ni facilidades por parte del Estado», informaron.
«Cuesta entender la razón de tan innecesaria e injustificada decisión tomada unilateralmente, cuando el Congreso de la Nación se encuentra sesionando, y el sector ha mantenido un diálogo permanente con el Poder Ejecutivo desde la declaración de Emergencia Sanitaria. Existe un acuerdo suscripto con el gobierno, vigente hasta el 31 de agosto, y en un diálogo constante hasta el inesperado anuncio por parte de las autoridades. Un cambio de reglas así hubiese merecido un profundo debate con participación de todos los involucrados», dice el comunicado.
Y finalizaron: «Solicitamos que se reconsidere esta decisión para restablecer un diálogo franco en el que todas las partes encontremos el camino para conectar a los argentinos y seguir desarrollando una industria de alto valor agregado, generadora de empleos legítimos y con un enorme potencial para el país y su gente».
