El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a un empresario que formó parte del esquema del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio para lavar activos dentro de lo que se conoce como “Grupo Buenos Aires”.
El magistrado había pedido su captura en mayo del año pasado, pero recién lo pudieron detener a principios de diciembre en Panamá, desde donde fue extraditado. Como existe riesgo de fuga, Sánchez seguirá detenido y con sus cuentas congeladas.
El 20 de marzo de 2018, el excomisario Ricardo Bogoliuk — para entonces exjefe de la base Ezeiza del «Proyecto AMBA» de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) — creó un grupo de WhatsApp al que le puso de nombre “Buenos Aires”, quizá preso de cierta nostalgia por la extinción de la iniciativa de igual nombre de la exSIDE para el espionaje en la provincia.
Sumó allí a tres compiches: D’Alessio, Pablo Bloise y Marcelo González Carthy de Gorriti. Sánchez no era parte, pero lo nombraban con asiduidad. Todos los otros integrantes del grupo ya fueron procesados por Ramos Padilla y todos tienen confirmado su procesamiento — a excepción de González Carthy de Gorriti, cuyo caso todavía está analizando la Cámara Federal de Mar del Plata.
Según reconstruyó Ramos Padilla, Sánchez figuraba como sender de abultadas sumas de dinero — tanto como 500 millones de euros — a un grupo con sede en Turquía, que se triangulaban vía cuentas en las Islas Comoras en África.
El propio Sánchez reconoció durante la indagatoria que la empresa que figuraba como titular de la cuenta bancaria desde donde se enviaba el dinero — Aldo Eduardo Sánchez Buildings & Entertainment — le pertenece y está radicada en Italia, donde él declaró domicilio. El juez también probó que, mientras se realizaban esas operaciones, Sánchez entraba y salía de Argentina con destino a Panamá.
La otra pata de la mecánica es que una cuenta a nombre de Sánchez también figuraba como destinataria de parte del dinero que se había blanqueado antes. “No puede prescindirse de la hipótesis de que estas maniobras se tratasen de una única operación que se intentó realizar en diferentes tranchas o transferencias individuales mutando los datos de las partes sender y receiver y las entidades y cuentas bancarias involucradas”, apuntó Ramos Padilla.
El juez de Dolores había pedido la captura de Sánchez en mayo pasado, pero recién lograron detenerlo el 4 de diciembre pasado en Panamá, desde donde lo extraditaron el 7 de enero pasado.
Hubo un intento de detenerlo en República Dominicana, pero Sánchez se escapó mientras se hacían los trámites para la extradición y cruzó a México con intención de seguir hacia Estados Unidos, pero sonaron las alertas y lo devolvieron a Panamá. El viernes 9, Ramos Padilla lo indagó y dispuso que quedara detenido en instalaciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El juez entiende que Sánchez fue parte de la asociación ilícita que tiene como integrante más reconocido a D’Alessio, a la que describe como una “organización criminal paraestatal que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales, y que creció en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de diversos organismos estatales y funcionarios públicos”.
Ramos Padilla explica que esa organización tuvo un funcionamiento modular, por lo que su integración se iba modificando según los intereses que persiguiera y se valía siempre de sus relaciones con funcionarios estatales y con periodistas y medios de comunicación. Uno de esos módulos fue el que representó el “Grupo Buenos Aires”, que se dedicaba a hacer transferencias financieras millonarias en el exterior.
Según admite el juez, todavía no se pudo acreditar quiénes eran los titulares reales de los fondos con los que maniobraban Sánchez y compañía, pero la sospecha apunta hacia que la banda de D’Alessio no sólo persiguiera intereses personales y que las maniobras de lavado pudiesen involucrar a la propia AFI, con la que tanto D’Alessio como Bogoliuk tenían vinculaciones más que aceitadas.
Como una causa conexa al D’Alessiogate, Ramos Padilla investiga el espionaje político que la AFI macrista habría desplegado en territorio bonaerense entre 2016 y 2017 a través del llamado “Proyecto AMBA”, hechos por los que ya procesó al exdirector general Gustavo Arribas y a su número dos, Silvia Majdalani, quien en las próximas horas viajará a Miami hasta el 10 de febrero después de conseguir por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata la autorización que el juez de Dolores le había negado.
Ramos Padilla tiene previsto avanzar con esa línea de investigación en cuanto concluya la feria de enero. Para la primera semana de febrero, ya citó a tres exfuncionarios de la AFI que oficiaban de coordinadores entre el director del “Proyecto AMBA”, Pablo Pinamonti, y los jefes de las nueve bases de la provincia de Buenos Aires. También quiere indagar a quien estuvo a cargo de la delegación Bahía Blanca durante los primeros tiempos del “Proyecto AMBA”.
