La apertura de un juicio político contra un jefe de Estado en Brasil, Jair Bolsonaro, es una decisión exclusiva del presidente de la Cámara de Diputados, que, dependiendo de sus alianzas y de su relación con el mandatario, puede dejar las peticiones archivadas por varios meses sin ofrecer explicaciones.
El actual presidente de los Diputados, Rodrigo Maia, asegura que Jair Bolsonaro merece ser juzgado por sus omisiones ante la pandemia pero alega que abrirle un juicio en estos momentos es contraproducente debido a que agravaría la crisis y la paralización del gobierno ante la crisis sanitaria.
Se suman tambien los líderes religiosos alegan que Bolsonaro ha cometido “crímenes de responsabilidad”, que justifican un juicio político, por sus omisiones y acciones ante la pandemia.
“El motivo principal de esta petición es la ausencia total de iniciativas por parte del gobierno para disminuir o contener los impactos de la pandemia”, explicó en rueda de prensa la dirigente del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas de Brasil, pastora Romi Bencke.
Pese a ello, Bolsonaro se mantiene como uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad de la covid, que llegó a tildar de “gripecinha”; se opone a las medidas de distanciamiento social y hasta al uso de cubrebocas, e insiste en que la eficacia de las vacunas no está científicamente probada.
“Bolsonaro actuó contra recomendaciones de las autoridades sanitarias; violó reglas de obligatoriedad del uso de cubrebocas; promovió y estimuló aglomeraciones; puso en duda la eficacia de las vacunas; le colocó obstáculos a las vacunas; e hizo campaña por el uso de medicinas con eficacia no comprobada por la ciencia”, argumenta la petición de los líderes religiosos.
De acuerdo con la solicitud, el mandatario “dejó de hacer lo que estaba obligado a hacer como presidente” y sus acciones “siguen conduciendo a la población brasileña a la muerte y generaron daños irreparables”.
En los últimos días tanto movimientos de izquierda como de derecha han marchado en todo Brasil exigiendo que el Congreso ponga en votación al menos una de las 57 peticiones de apertura de juicio político contra el mandatario que están en la presidencia de la Cámara de Diputados.
El domingo dos importantes grupos que reúnen a militantes de centroderecha realizaron caravanas de vehículos en Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá y Belén.
Y el sábado, partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales organizaran extensas caravanas en al menos 50 ciudades de Brasil igualmente para pedirle al Congreso que inicie un juicio con fines de destitución al mandatario.
Las presiones por la salida de Bolsonaro ganaron fuerza con la divulgación de una encuesta que mostró que la evaluación negativa del mandatario subió hasta el 40 por ciento y la evaluación positiva cayó hasta el 32 por ciento.
Además de evidenciar la caída de la popularidad del gobernante, el mismo sondeo indicó que 42 por ciento de los electores brasileños defiende la apertura de un juicio político contra el presidente frente a un 53 por ciento que aún lo rechaza.
