El Departamento de Estado de los Estados Unidos elaboró un informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y afirmó que la Argentina no cuenta con un sistema judicial robusto para contener la corrupción. El documento, realizado por el gobierno del demócrata Joe Biden, señala que «funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad».
Estados Unidos presentó el reporte realizado sobre el año de la pandemia en una conferencia de prensa que brindó el secretario de Estado Antony Blinken y su asistente en el área, Lisa Peterson, y señaló «un retroceso de los derechos humanos en el mundo», refiriéndose a la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades debido a la discriminación y las hostilidades generadas internacionalmente por las fuerzas de seguridad, entre otros aspectos.
El informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por los Estados Unidos se ha publicado 45 veces y funciona como observatorio para otros países en la materia.
En la primera sección del apartado sobre Argentina, titulada “Respeto por la integridad de las personas incluyendo la libertad”, analiza los casos de violencia policial en el país y destaca los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernández por contenerla, pero advierte sobre la fragilidad en el combate de la corrupción.
«Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción. Funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad», señala el informe.
El reporte sugiere «una falta de implementación efectiva de la ley», al tiempo que informa que “hubo varios reportes de que el Gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o fuera de la ley”, en relación a las violaciones de Derechos Humanos en manos de las fuerzas de seguridad.
En suma, se informa sobre asesinatos y torturas ilegales y arbitrarias a manos de la policía federal y provincial; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; problemas importantes con la independencia del poder judicial; graves actos de corrupción; violencia motivada por el antisemitismo; y trabajo forzoso a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatirlo.
En ese sentido, menciona el caso de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por la policía de Córdoba, y el «homicidio involuntario» de Jorge Martín Gómez en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2019.
«Si bien las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, persisten varios problemas, incluidos asesinatos y torturas a manos de la policía, corrupción, malas condiciones carcelarias y violencia antisemita«, advierte el texto.
La Casa Blanca señala que el Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, cita las 401 muertes que hubo en 2019 a manos de las fuerzas policiales, de acuerdo con una ONG local.
A su vez, expresa la «lentitud de la justicia» en el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien había sido visto por última vez el 30 de abril pasado a 120 kilómetros de su casa en Bahía Blanca, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena generada por Covid-19, y fuera hallado cuatro meses después.
Sin embargo, el informe rescata la reacción del gobierno argentino ante estos casos de abuso institucional y destaca las medidas para abordar estos problemas, aunque «la corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos», dice la Casa Blanca sobre Argentina.
«El gobierno en general denuncia los abusos y se esforzó por capacitar a los militares y la seguridad en todos los niveles en derechos humanos, incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de Covid-19″, agrega el texto.
Otros abusos institucionales
El reporte sobre los derechos humanos en el mundo, elaborado por el departamento de Estado del gobierno de Joe Biden, informa sobre casos de corrupción, violencia de género y la situación de las cárceles en la Argentina.
Puntualmente, el documento recuerda los juicios a los funcionarios en ejercicio y a quienes dejaron su mandato vinculados con casos de corrupción. Cita las investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en «el caso de los cuadernos», y del expresidente Mauricio Macri.
Sobre los derechos humanos de los presos contrasta la información del Servicio Penitenciario Federal, que reportó 52 muertes de reclusos en cárceles federales hasta el 31 de octubre, y del Comité de Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires que señaló que 148 presos murieron en la provincia de Buenos Aires durante 2019-118 por problemas de salud desatendidos.
«El Ministerio de Justicia no había publicado estadísticas oficiales a nivel nacional sobre muertes de presos desde 2016», resaltó el documento.
Sobre la violencia de género, el texto indica que «el Registro Nacional de Femicidios, que lleva la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, registró que 268 mujeres murieron como resultado de violencia doméstica o de género durante 2019», aún habiendo presentado denuncias previas.
En tanto, resalta que el último agosto, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad «señaló que los informes de violencia de género aumentaron aproximadamente un 28 por ciento durante la cuarentena del COVID-19″ y destacó los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernández en la materia.
