El fiscal Javier Ignacio Baños presentó este viernes una denuncia penal de oficio contra el ex presidente Mauricio Macri a quien le imputó los supuestos delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia.
El fiscal advierte en su presentación que el líder de Juntos por el Cambio realizó ayer en su cuenta de Twitter un llamado a la desobediencia civil frente a las medidas que implementó el gobierno de Alberto Fernández para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus Covid-19.
«Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”, publicó ayer el ex mandatario.
Y Baños señala: «Así, sucintamente, el ex Presidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados –el provincial y los municipales– adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias».
El representante del ministerio Público Fiscal advierte además que «el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, en particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el gobierno provincial».
Baños puntualiza además que Macri «con sus manifestaciones arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar».
