Los empleadores podrán exigir la presencialidad de los trabajadores que ya fueron vacunados contra el coronavirus con al menos la primera dosis, según informó el Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante una nota enviada por el titular de la cartera, Claudio Moroni.
La medida, además firmada por Carla Vizzotti, abarca a todos aquellos que 14 días antes se dieron una dosis de la vacuna contra coronavirus, pero exceptúa a los trabajadores de la salud, quienes podrán volver a sus puestos de trabajo una vez que hayan recibido ambas dosis.
Los decretos 241/2021 y 287/2021 y la Resolución 207/20 consideran que están dispensados de asistir al trabajo «los trabajadores mayores de SESENTA (60) años, embarazadas y/o que se encuentren comprendidos en alguno de los grupos de riesgo definidos por la autoridad sanitaria»
Según la nota esta «es complementada por la Resolución Conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N 4/2021, que regula la posibilidad de convocar a los trabajadores, incluidos los dispensados, debidamente vacunados que podrán retornar a sus actividades luego de transcurrido el tiempo considerado necesario para la inmunidad«.
Las únicas excepciones a esta medida son: los empleados con inmunodeficiencias congénitas, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave; con VIH dependiendo del status; con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.
También quedan excluidos los pacientes con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa; con tumor de órgano sólido en tratamiento, y trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.
En febrero pasado, el sector privado había pedido al Gobierno que aquellos empleados considerados población de riesgo por el coronavirus puedan volver a trabajar si se habían aplicado al menos una dosis de la vacuna. En cambio, los trabajadores de la salud deberán tener aplicada las dos dosis para regresar a cumplir tareas.
Si bien el retorno a la presencialidad para estos casos había sido avalado por el Gobierno a principios de abril, con el dictado de las nuevas restricciones se generó nuevamente la duda en torno a la interpretación de la norma.
