El ex intendente del distrito bonaerense de Pilar, Nicolás Ducoté, fue procesado por la Justicia a raíz de un supuesto caso de corrupción. De esta manera, el macrista que había sido elegido como jefe comunal es acusado por el delito de defraudación contra la administración pública.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó sin prisión preventiva a Nicolás Ducoté ante las sospechas de corrupción en la utilización de fondos nacionales para obras públicas en el municipio del norte del Conurbano bonaerense.
El fallo ordenó que el ex alcalde tenga prohibido las salidas del país, le fijó un embargo de $100.000.000 y le decretó la inhibición general de bienes. Al mismo tiempo, también procesaron a ex funcionarios municipales macristas por el delito de defraudación contra la administración pública.
Por su parte, se dictó la falta de mérito a los ex funcionarios nacionales que dependían del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio. Los mismos son: Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana.
El procesamiento es a causa de las irregularidades cometidas en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el Ministerio del Interior y la municipalidad de Pilar. Por ese motivo, quedaron en la mira: Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede,
El juez González Charvay explicó que «actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.
En la causa, que también interviene el fiscal federal Sebastián Bringas, se analizaron tres obras públicas para las que se derivaron fondos nacionales a la intendencia de Pilar. De esta manera, se comenzó el proceso de elevación a juicio del caso.
