Tras más de un año de estar en un virtual default y de durísimas negociaciones con sus acreedores, el gobierno de Axel Kicillof finalmente dice haber alcanzado un acuerdo con los principales bonistas para reestructurar la deuda.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Pablo López, informó que llegó a un acuerdo con «su principal acreedor y otros bonistas (…) para canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera».
«Se trata de un apoyo clave para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje, que otorgará un importante alivio financiero para la Provincia», destacó el gobierno bonaerense. «Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente usd 4.450 M (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la Provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%», detallaron.
«Este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar, cuidando, además, el impacto de la deuda provincial sobre nuestra macroeconomía. Sin dudas, concluir esta instancia de negociación fue posible por la mejora del contexto económico y social», afirmó López.
Prácticamente desde que asumió como gobernador Kicillof está lidiando con los acreedores, que en el caso de la provincia de Buenos Aires asumieron una posición mucho más dura que en la negociación con Nación y otro distritos.
Al principio del mandato de Kicillof, la provincia estuvo al borde de defaultear un bono de 250 millones de dólares por la oposición del fondo Fidelity para postergar el vencimiento.
Ese fondo -en este caso aliado a BlackRock y Ashmore– también lideró la postura dura de la reestructuración de toda la deuda (que roza los 8 mil millones de dólares con los intereses) que comenzó en abril del año pasado y que implicó que el gobierno debiera extender más de 20 veces los plazos de negociación.
El mes pasado que Kicillof y López buscaban reflotar la negociación con los bonistas que estaban virtualmente interrumpidas en ese momento, luego de que un grupo de acreedores presentó una demanda contra la Provincia en los tribunales de Nueva York.
