El Ministerio de Salud bonaerense emitió una denuncia penal contra un estudio jurídico de La Plata por asociación ilícita en perjuicio del Estado, tras detectar que la titular del mismo presentaba recursos de amparo a nombre de beneficiarios del Programa Incluir Salud para cobrar honorarios sin la autorización de esas personas.
Desde el ministerio señalaron que se trata del Estudio de Abogados Lipskier & ASOC. a cargo de la abogada Natalia Celina Lipskier, sobre quien se estima que puede haber actuado «en complicidad con empleados de la administración pública».’
El área que conduce Nicolás Kreplak marcó que ese estudio presentó «gran cantidad de recursos de amparo ante la Justicia en supuesta representación de beneficiarios del Programa Incluir Salud que no tenían conocimiento de los procesos judiciales en marcha, para lograr el pago de grandes sumas de dinero en concepto de honorarios por parte del Estado provincial».
La denuncia fue realizada en conjunto con la Defensoría del Pueblo bonaerense. Pero el hecho no termina ahí, dado que hoy se allanó el estudio de abogados y se libró una orden de detención contra la abogada Lipskier.
Según se desprende de la investigación interna efectuada por el Ministerio de Salud bonaerense en la Dirección Provincial de Acceso e Inclusión, a cargo de la doctora María Lourdes Farias, «se observaron una serie de irregularidades en las presentaciones procedentes del estudio Lipskier& ASOC».
Desde el Poder Ejecutivo se presume que la letrada «actuaba en complicidad con empleados del área que comenzaron a trabajar en la cartera sanitaria durante la anterior gestión y que serían quienes brindaban la información necesaria para que la abogada hiciera la presentación de unos 50 amparos ‘truchos’ por mes».
Por caso, la funcionario marcó que “esta investigación es muy importante para transparentar la gestión y mejorar día a día el buen funcionamiento del Programa”.
Asimismo, señaló que «los reclamos realizados por el Estudio Lipskier no ameritaban la presentación de recursos de amparo» dado que no había habido incumplimientos «por parte del Ministerio, de los programas, ni de los hospitales donde deben presentarse».
En ese marco, manifestó que «se tomaron las medidas administrativas correspondientes” y destacó “la seriedad de la actuación de la UFI 1, a cargo de la fiscal Ana Medina, y del Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, encabezado por el juez Federico Guillermo Atencio, quienes intervienen en el caso”.
