La ley de alquileres aprobada en 2020 con respaldo de todos los bloques políticos se convirtió en un tema de grieta del nuevo congreso. Pero los primeros capítulos surgieron estos días: diputados de Cambiemos presentaron proyectos para derogar la norma, mientras que el oficialismo la defiende, al igual que las agrupaciones de inquilinos que la promovieron. Cada uno explica sus razones y no parece fácil llegar a un acuerdo en el corto plazo.
La radical Karina Banfi y Héctor Stefani, del PRO, fueron los primeros en presentar proyectos de ley que proponen una derogación total de la ley, para de esta manera retrotraer el sistema de alquileres a como era hasta mayo de 2020.
En sus fundamentos, explican que las nuevas condiciones sólo provocaron que se retire hasta un 20% de la oferta por las exigencias en los contratos y la fórmula de actualización, que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el aumento de los salarios remunerados (Ripte). No fue tan concesiva como se esperaba.
Explican que la sanción de la norma empujó una especulación de precios previa a su aplicación que provocó una suba anual del 60% en 2020. Y que parte de la oferta retirada se volcó al mercado de venta.
Vidal y su compañero de lista Martín Tetaz tomaron este tema en la campaña de la Ciudad para protegerse de los ataques del liberal Javier Milei, que siempre estuvo en contra de la ley y recuerda que se sancionó con ayuda de Cambiemos. «Si leían un manual de micro economía 1 se iban a dar cuenta que iba a pasar esto», ironizó en una reciente entrevista con Clarín.
La Ciudad de Buenos Aires es en la que más impacta este tema: según los datos recabados por Stefani en los fundamentos de su proyecto, lidera el porcentaje de inquilinos junto a Tierra del Fuego y Neuquén, pero el 70% de los menores de 35 años está en esa condición y la mayoría no tiene ninguna chance de comprar un inmueble. Necesita que haya oferta disponible.
El economista suele recordar que uno de los últimos impulsores de la ley fue Daniel Lipovetzky, un diputado del PRO, una verdad a medias: el proyecto original había sido aprobado en 2016 por unanimidad en el Senado, a partir de una iniciativa de la rionegrina Silvina García Larraburu, del Frente de Todos.
Recayó en la comisión de Legislación General de Diputados, que presidía Lipovetzky, quien convocó a amplios debates con asociaciones de inquilinos e inmobiliarias. Mauricio Macri pidió tratar la ley en su convocatoria a sesiones extraordinarias de 2018, pero después de escuchar las primeras reuniones de comisiones la retiró y la dejó caer. En el medio, alguien lo llamó para convencerlo.
Después de ganar las elecciones presidenciales, Alberto Fernández pidió reactivarla, el oficialismo tomó el guante pero Lipovetzky les ganó de mano con un proyecto que unió las demandas de casi todos los sectores en pugna y tuvo respaldo de las bancadas, aunque muchos de sus pares del PRO se abstuvieron.
