Familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan recusaron al juez de la Cámara Federal de Casación Carlos Mahiques para seguir interviniendo en el expediente en el que se investiga un presunto espionaje ilegal, por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, procesado en esta causa.
La abogada Valeria Carreras, quien representa a un grupo de familiares de víctimas supuestamente espiados durante el gobierno de Cambiemos, señaló que Mahiques «fue nombrado por decreto del entonces y hoy procesado ex Presidente Mauricio Macri».
Mahiques se desempeñaba como juez de la Casación porteña, pasó a ser funcionario del gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y luego retornó a su cargo de juez pero a la Cámara Federal de Casación, trasladado mediante un decreto firmado por Macri y luego avalado por el Consejo de la Magistratura.
Además, recuerda el escrito de recusación, «su hijo, Juan Bautista Mahiques, fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano» y además fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura e «integrante de la denominada mesa judicial».
«Está específicamente denunciado por otra magistrada por presiones a jueces», añadió Carreras, en alusión a la camarista Ana María Figueroa.
«Otro hijo del magistrado, Ignacio Mahiques, fiscal de instrucción porteño pero desde mayo de 2016 se desempeña como adjunto del fiscal federal Gerardo Pollicita«, sumó la abogada.
Esas circunstancias -agregó- «pueden afectar negativamente su ecuanimidad y rectitud de juicio» y son «un indicativo de peligro para la recta administración de la justicia frente al caso particular de esta incidencia».
Carreras subrayó que el apartamiento de un juez procede «en los casos en que, por distintos factores, se encuentre comprometida la imparcialidad e independencia de juicio».
En tal caso, «debe resolverse su apartamiento del conocimiento e investigación de la causa en cuestión. Tales circunstancias se verifican en la presente causa, lo que hace jurídicamente inaceptable su intervención» en el expediente por el presunto espionaje ilegal.
«El apartamiento no sólo será en protección de los derechos de esta parte querellante, sino una clara muestra a la sociedad en una causa de gravedad institucional», concluyó el escrito.
