La examen dio un paso firme este miércoles 30 de octubre en la Cámara de Diputados para emitir opinión de mayoría a ayuda de la reforma que limita el poder de los Decretos de Exigencia y Necesidad (DNU) que dicta el Ejecutante.
Con esta ataque, el plan, que recolectó 36 firmas en el plenario de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, queda ligero para tratarse en el perímetro, por lo que resta esperar el pedido de sesión específico por parte de los legisladores que impulsan la iniciativa.
Tiene como saco el plan del diputado de Altercado Federal Oscar Agost Carreño, con la incorporación adicional de propuestas de Unión por la País (UxP) y del flamante agrupación de radicales disidentes Democracia para siempre.
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Según quedó establecido en la romance de la norma, alcanzará con el rechazo de una sola Cámara para que un DNU quede derogado.
De esta forma, se invierte la deducción de la ley 26.122 sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, por la cual un decreto, para ser derogado por el Congreso, tiene que ser rechazado por ambas Cámaras legislativas.
En este sentido, resultó imprescindible el aporte de los diputados kirchneristas, que a posteriori de décadas de oponerse a modificar la reglamentación de los DNU, porque no le convenía a los Gobiernos propios, ahora sí aprovecharon la oportunidad histórica que se abrió en la coyuntura para recortar el poder de Javier Milei.
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La iniciativa consensuada entre las fuerzas que firmaron el opinión de mayoría asimismo establece un plazo de 90 días corridos para que los decretos sean aprobados por ambas Cámaras y, en caso de no cumplir con este plazo, caduca su vigencia.
Por otra parte, se prevé que «cuando los decretos a los que se refiere esta ley sean dictados durante el período de suspensión parlamentario, las Cámaras podrán abocarse a su expresamente e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Doméstico».
Por postrer, se estipula que «rechazado un decreto, el Poder Ejecutante no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario».
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El agrupación de la UCR juntó dos firmas para su propio opinión de minoría, el cual establece que «la Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jerarca de Salita para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el opinión al plenario de cada una de las Cámaras».
En tanto, la iniciativa que tiene como autora a Karina Banfi aclara que «las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutante, debiendo circunscribirse a la éxito o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».
Al igual que el opinión de mayoría, se prevé que «el rechazo por una de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación».
El PRO toma distancia del plan
La Coalición Cívica asimismo firmó su propio opinión de minoría con dos rúbricas, mientras que La Autonomía Avanza (LLA) optó por un opinión de rechazo y el PRO no acompañó nadie de los textos, pese a Acontecer impulsado históricamente iniciativas para corregir la ley 26.122.
Respecto de esta postura de la bancada presidida por Rodrigo de Loredo, que se abstuvo de plegarse al opinión de la mayoría, el diputado radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal marcó diferencias y señaló que desde su agrupación son «coherentes con la trayecto histórica» de la UCR sobre el tema DNU.
«Hemos estado trabajado un opinión de consenso que expresa los puntos que todo el constitucionalismo argentino y todos los sectores de la vida política, incluidos los que hoy son paraoficialistas u oficialistas del cambio», indicó el formoseño en declaraciones brindadas a Radiodifusión Splendid AM 990.
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Y afirmó que serían «coherentes con nuestra trayecto política. No cambiamos porque cambian los Gobiernos, seguimos sosteniendo lo mismo. La ley de DNU de Cristina Fernández de Kirchner es anticonstitucional», afirmó.
Entrevistada por el mismo medio, la diputada de Altercado Federal Margarita Stolbizer aseguró que «la reforma de la ley es urgente» y «es imperioso hacerlo».
«Preferiría una reforma mucho más integral, pero en función de conseguir los consensos que se necesitan para sacar esto rápidamente vamos a ir con aquellos acuerdos mínimos que significan poner un plazo», expresó.
Incluso subrayó que uno de los objetivos de la reforma es «consolidar que un DNU no puede estar transformado en una ley como si tuviera más valía con sólo la aprobación de una Cámara y que con el rechazo de una ya deja de tener vigencia».
En el colofón de la reunión de comisiones, la diputada Mónica Litza (UxP) celebró Acontecer arribado a un opinión de mayoría, lo cual catalogó como «un logro muy importante». La legisladora massista destacó que «era un desafío corregir esta ley que morapio a suplir un hueco que había desde la ley del 2006».
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Sobre el proceso de construcción del opinión, reveló que la redacción se logró a postrer momento en saco a las coincidencias entre los distintos bloques opositores. «Empezamos a balbucir y encontrar coincidencias. Posiblemente el opinión que presentamos hoy no sea el mejor, el consumado», reconoció.
Al respecto, amplió que «lo que proponemos es que en presencia de el silencio de ambas Cámaras, se deroga el DNU. Hasta ahora el silencio se interpretaba de forma positiva. Ahora lo interpretamos de forma negativa».
Por postrer, Litza manifestó su deseo de resistir el plan «lo más pronto posible al perímetro para que sea ley». Seguidamente, el diputado de UxP Diego Giuliano ponderó la tarea de conseguir consensos», que definió como «combustibles muy necesarios de la democracia».
CA/ML
