El chancillería en lo Contencioso Burócrata Federal N° 7 obligó ayer a la ministra de Caudal Humano, Sandra Pettovello, a respaldar el “aprovisionamiento adecuado de alimentos” a los grupos vulnerables, en la causa iniciada por las demandas colectivas de organismos civiles y sociales patrocinados por el abogado y líder social Juan Grabois en protección de los comedores populares.
La intrepidez fue tomada por el sentenciador federal Walter Lara Correa y destaca “la importancia de surtir las políticas públicas alimentarias vigentes para respaldar este derecho fundamental”, en el entorno del amparo colectivo iniciado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Finanzas Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La continuidad de esta política “no representa un privilegio para sus destinatarios/as”, por el contrario, son “una útil para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Agencia Pública Doméstico no incurra en responsabilidad internacional”, resolvió el magistrado.
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Encima, el resolución agrega que el gobierno doméstico debe surtir actualizado el Registro Doméstico de Comedores Comunitarios (Renacom) y representar rápidamente en el caso de las organizaciones que tienen convenios en trámite para aceptar precisamente a las prestaciones alimentarias. En esa segmento, pidió “depurar” esta índice, dando la razón a Pettovello en su denuncia sobre una serie de comedores que recibían alimentos pero que “no existían”.
En presencia de este pedido, se consideró que el Estado aplique “las pautas concretas que crea necesarias en el entorno de su ‘sana discrecionalidad’ y de sus competencias específicas, exclusivas, propias y excluyentes” para depurar este registro.
En esa segmento, le exigió al ámbito que conduce Pettovello que presente informes mensuales sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas como el Plan Doméstico Argentina Contra el Anhelo, el Software Fomentar Comunidad; el Software Prestación Fomentar y el Software Choque Comunitario PNUD ARG 20/004, a través de los cuales se averiguación respaldar el derecho a la viandas.
El sentenciador Lara Correa reconoció que el Poder Legal no debe intervenir en decisiones “técnicas y operativas” del Poder Ejecutante; pero en otro tramo del resolución se expresa que “el carácter de los proyectos sociales no deben ser discriminatorios y, por consiguiente, tienen que incluir todas las iniciativas posibles para apoyar los subsidios sociales encaminados a mitigar el posible aumento de las desigualdades e impedir que se vean afectados los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”.
“Javier Milei, Sandra Pettovello, cuéntenla como quieran, pero ya es el octavo sentenciador que les equivocación en contra, estamos en una República y ahora la orden es clarita: entreguen los alimentos”, escribió Grabois sobre el resolución en las redes sociales.
