La investigación contra seis miembros de una megabanda que intentó reactivar la industria de los secuestros extorsivos se terminó y los fiscales pidieron que los acusados sean juzgados por el delito de asociación ilícita.
Según la reproche de los funcionarios, Matías Felipe Di Lello, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de San Nicolás, y Santiago Marquevich, titular de la Dispositivo Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), la estructura cometió al menos tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023 en las ciudades de Rosario y Villa Ramallo.
La estructura alquilaba los lugares de cautiverio en plataformas
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De acuerdo a los voceros, la estructura tenía como metodología usar como espacio de cautiverio propiedades rentadas en alquileres temporarios y entregarle al pagador una mochila con instrucciones con los que debían continuar las negociaciones.
Los imputados permanecen detenidos. Se Gestiona del comerciante y supuesto presidente, Claudio Daniel Coto (62); el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos infantiles, Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo por otra parte del segundo de los acusados.
En primer término, los fiscales federales solicitaron que los seis sean juzgados por el delito de asociación ilícita, al considerar que conformaban “una comunidad criminal dedicada a la ejecución de delitos indeterminados contra la propiedad y las personas, de proceso organizada, mediante acuerdo previo y con permanencia en el tiempo”. A Coto y a Santabaya padre, les atribuyeron ser jefes u organizadores de dicha estructura.
Santabaya hijo solo quedó imputado por asociación ilícita y por la tenencia ilegal de arsenal de conflagración de una escopeta tipo Ithaca secuestrada en uno de los allanamientos.
A los otros cinco acusados les imputaron tres hechos de secuestro –dos consumados y uno en porción de tentativa–, agravados por la billete de tres o más personas, por haberse cobrado el rescate preciso –en solo uno de los casos– y por ser una de las víctimas pequeño de 18 primaveras –en dos de los hechos–.
“Ha quedado evidenciado que la veterano fuente de ingresos de esta asociación ilícita es la comisión de secuestros extorsivos, los que fueron ejecutados con un porción de sofisticación que supera el en serie medio y de por sí difícil de este tipo de delitos”, señalaron Di Lello y Marquevich en el requerimiento.
Los fiscales remarcaron que “en los hechos de secuestro extorsivo que conforman el objeto procesal de la causa, se advierte un similar y, por momentos, idéntico patrón de proceder”.
Entre otras cosas, los investigadores destacaron que los sitios de cautiverio eran propiedades ubicadas en la ciudad de San Nicolás que los secuestradores alquilaban temporariamente a través de plataformas digitales como “Mercado Redimido” o “Airbnb”. n
