Una iniciativa rebusca insensibilizar en la Constitución la persecución de los malos manejos de capital públicos, armonizar la política anticorrupción e implantar nuevas fiscalías y tribunales específicos.
viernes 29 de noviembre de 2024 | 11:18hs.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum rebusca sobrellevar a la Constitución un nuevo derecho humano: el derecho a radicar en un entorno soberano de corrupción y a recrearse de una correcta dependencia pública. Morena impulsará en el Congreso la creación de la Ley Genérico para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción, a partir de la cual se desarrollará un armazón institucional especializado en afrontar esos delitos.
Si correctamente se asentará en un enfoque no punitivo sino preventivo, dice el tesina, se rebusca que los casos de corrupción sean efectivamente castigados y, sobre todo, que los capital mal ejercidos sean recuperados para la sociedad.
La iniciativa unificará la política anticorrupción y dará origen a nuevas fiscalías y tribunales especializados en esa materia. La mandataria ha encargado la tarea al senador Javier Corral, que cuando fue director de Chihuahua encabezó una táctica para seguir el restro de los monumentales capital públicos desviados en la trámite de su antecesor, el priista César Duarte.
La iniciativa pretende hacer frente a uno de los lastres más enraizados en México, sobre todo en el ámbito del gobierno, donde conviven intereses de políticos, funcionarios y empresarios. Los mexicanos han entendido que la corrupción no es un delito universal, sino que los millonarios capital que se pierden en manejos turbios significan peores servicios públicos, menos escuelas, malos hospitales.
El tesina de Sheinbaum propone posibilitar que el denunciante de un hecho de corrupción pueda participar en el procedimiento penal cuando demuestre tener un interés probado. Así, tendrán carácter de víctimas los afectados por un mal adiestramiento de capital, por ejemplo, una comunidad que no pudo ejercitar subsidios a los que tenía derecho porque estos fueron desviados por funcionarios corruptos. Otro ejemplo es el de la Operación Safiro, con la que el PRI y el Gobierno de Duarte desviaron 250 millones de pesos.
Una vez que la Fiscalía de Enrique Peña Nieto tomó el caso, para cuidarse las espaldas, desbarató la inculpación en los tribunales. El sentenciador terminó dando carpetazo. Si los chihuahuenses hubiesen tenido representación en la causa, difícilmente se hubiese cerrado sin que se hubieran recuperado los capital.
La iniciativa propone establecer una política de investigación y persecución uniforme en todo el país. Para ello se creará un catálogo único de delitos y penas, a fin de evitar la disparidad de criterios judiciales. Igualmente se formará un sistema franquista que guíe la colaboración entre los Estados y el Gobierno federal, que permita el intercambio de información, la coordinación institucional y el procesamiento de casos que rebasen las fronteras estatales y nacionales.
La nueva ley rebusca adecuarse a la sistema como opera el aberración de la corrupción en la efectividad y tapar lagunas normativas. Por ello se tipificará la proceder en redes organizadas y la simulación de contrataciones públicas de particulares para desviar pasta conocido. Otra situación actual que se pretende afrontar es el hecho de que los sujetos implicados en casos de corrupción, incluso al cumplir penas en prisión, continúan beneficiándose del patrimonio obtenido ilícitamente.
La iniciativa instruirá la creación de Fiscalías y Tribunales Anticorrupción a nivel franquista y estatal. Serán órganos especializados y autónomos del Ejecutante, operados por funcionarios con un perfil “enormemente técnico y ético” y con criterios unificados. Habrá un servicio civil de carrera para capacitar a estos servidores públicos. Igualmente se buscará que las personas dedicadas a la investigación, persecución y beneplácito de la corrupción sean reconocidas como defensoras de los derechos humanos.
La propuesta pasa por Fabricar un Sistema de Inteligencia Anticorrupción para compendiar y asociar información, transmitido que en algunas ocasiones los mismos sujetos involucrados en un caso de corrupción se vinculan con otro aparentemente separado.
El tesina adelanta que se incorporarán y regularán herramientas de investigación para perseguir eficazmente estos delitos, desde la intervención de medios de comunicación privada y paso a información fiscal y bancaria hasta la vigilancia electrónica, seguimiento de personas y la entrega vigilada de capital con agentes encubiertos. Se fomentará la denuncia de hechos de corrupción y se establecerán mecanismos de protección para denunciantes, testigos y colaboradores.
La táctica anticorrupción igualmente se centrará en la recuperación de los activos afectados, poco que normalmente no se consigue, por mucho que los implicados vayan a la gayola. Ahora se buscará recuperar los capital en el interior del procedimiento penal y certificar una reparación integral del daño causado por los responsables, incorporando la figura del daño social o daño decente colectivo.
La propuesta supone un relanzamiento de la lucha contra la corrupción como política de Estado. Durante el sexenio de Peña Nieto se instauró el Sistema Doméstico Anticorrupción (SNA), en el que colaboraban transversalmente varias dependencias de la mano de observadores ciudadanos. Pese a ello, el de Peña Nieto fue uno de los gobiernos más corruptos.
Andrés Manuel López Taller dejó en el desgobierno el SNA, convencido de que la corrupción era incompatible con los ideales de su partido, Morena, de modo que los funcionarios de su Establecimiento eran de algún modo inmunes. Aun así, estallaron los escándalos de Segalmex, el peor caso de corrupción de su Gobierno.
Corral ha sostenido esta semana una reunión con fiscales anticorrupción de todo el país. Allí, el senador habló del trabajo en su gubernatura para intentar recuperar los 6.000 millones de pesos desviados por César Duarte. Igualmente se refirió a las represalias que sufren los funcionarios dedicados a combatir la corrupción. Puso como ejemplo a quien fuera su fiscal anticorrupción en Chihuahua, Francisco González, encarcelado en la trámite de la presente gobernadora del Estado, Maru Campos.
Corral dijo que él mismo ha sido objeto de persecución, y refirió el intento de captura del que fue objeto hace unos meses con colchoneta en “un proceso penal fabricado”. “Esta criminalización no solo ha pretendido desacreditar el combate a la corrupción, sino reinstalar la impunidad y despachar un mensaje feroz de intimidación a quienes se atrevan a enfrentarla”, Declaró, publicó El País. (APFDigital)
