Javier Milei terminó su primer año de mandato sin privatizar ninguna empresa pública. Los avances son tan lentos que esta semana el Gobierno se vio obligado a extender por segunda vez el plazo estipulado para que las empresas públicas se conviertan sociedades anónimas.
«La dificultad de la situación exige su prórroga por el término de sesenta (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en la Ley Genérico de Sociedades y sus modificatorias», se detalla en el Decreto 1120/2024.
La medida se suma a mas de una decena de flexibilizaciones que habilitó la Comisión Franquista de Títulos para impulsar las privatizaciones, que como reveló LPO, el Gobierno no logra poner en marcha. El ejemplo más representativo es Aerolíneas Argentinas. Se pasó de anunciar su privatización inmediata o clausura, a festejar la traspaso de pasajes por las holganza.
El decreto que da más plazo para la transformación de las empresas del Estado en SA es muy facundo sobre la tranquilidad del gobierno, porque se Intenta de tan pronto como un primer paso del proceso privatizador.
En el gobierno reconocen que «no tienen plata» para privatizar Arsat y Enarsa
«Extienden el plazo por dos meses más, luego de haberlo prorrogado por 180 días en julio», afirmó a LPO un funcionario del Gobierno que critica el desempeño del equipo que conduce Diego Chaer, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas.
Chaer alega directamente a Santiago Caputo que es quien maneja todas las empresas del Estado. «Siempre pasa lo mismo, cuando se dan cuenta de los bienes que manejan las empresas del Estado, los sueldazos que se pagan, las secretarias, los choferes, la pauta, pierden el entusiasmo por privatizarlas», explicó a LPO un funcionario que tiene una examen muy crítica sobre la trámite del principal asesor de Milei.
Lo estrambótico es que pese al aval de la ley Bases, el gobierno de Milei sólo pudo avanzar en la traspaso de Impsa, la empresa de ingeniería compleja que fundó Enrique Pescarmona y estatizó Alberto Fernández. Pese a que se Intenta de un empresa con clientes y competitiva a nivel mundial, el gobierno de Milei va a terminar el año sin terminar de cerrar su traspaso.
Juan Pazo, Alfredo Cornejo y Diego Chaer, en una conferencia en Mendoza sobre el caso Impsa.
Para concretar las privatizaciones, hay distintos mecanismos que el Ejecutor tiene en carpeta: uno la traspaso directa por subasta, para lo que necesita de la aprobación del Congreso, pero asimismo podría propalar una propuesta pública original para sacar acciones de la compañía al mercado de capitales.
Además podría ceder parte de las empresas -por ejemplo a los empleados (como se barajó para el caso Aerolíneas Argentinas)- o cerrarlas y poner a la traspaso los inmuebles a través de la Agencia de Sucursal de Capital del Estado (AABE), como el propio Gobierno dijo que iba a acaecer con el valioso contorno de la Televisión Pública en Judería Parque y otros inmuebles destacados de Télam y Radiodifusión Franquista. Pero hasta ahora nadie de esto ocurrió.
El gobierno pasó de anunciar el clausura de Aerolíneas a festejar la traspaso de pasajes en cuotas
De hecho, el gobierno anunció el clausura de Télam y dio de mengua su servicio -por el que pagaban los abonados- para perdurar la empresa con su estructura llamativo, sólo que ahora escriben notas que nadie lee. Un despropósito.
Para ocultar su involución en esta política, que se supone hace al corazón del dogma ácrata, el Gobierno salió a promocionar la «inminente» traspaso de Impsa. En meta esta pequeña empresa, es la única que tiene un interesado claro: la norteamericana ARC Energy presentó la única propuesta conocida. Ofreció inyectar USD 27 millones como renta de trabajo. Pero la traspaso sigue demorada.
El principal obstáculo para concretar la operación es la deuda de Impsa, que asciende a USD 570 millones. Entre los acreedores se destacan el BID, el Lado Nación y el fondo de inversión chileno Asociación Moneda. Según un funcionario que sigue las negociaciones, ARC Energy solicitó un musculoso descuento sobre el monto total de la deuda y una extensión de los plazos de suscripción.
De hecho, a contramano del optimismo del gobierno franquista, el director de Mendoza, Alfredo Cornejo, le bajo la espuma a la privatización. «No creo que se resuelva la situación en el corto plazo porque Impsa es una empresa que tiene muchísimos problemas», afirmó.
Como sea, el proceso privatizador del gobierno ácrata no fluye. «No tengo plata para privatizar», sintetizó el titular de una de las empresas sujetas a propuesta delante la consulta de LPO. «Se necesitan estudios jurídicos y legales, consultores, contadores y abogados. Eso es un montón de plata», agregó.
«No tienen idea, les errata un Dromi que ordene el proceso, no tienen multitud. Desde el punto de presencia técnico el gobierno está muy flojo», agregó a LPO un ex funcionario del menemismo.
