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Enseñanza católica en Salta: La Corte Suprema citó a Urtubey para que explique por qué impone la religión

Salta es la única provincia donde la Iglesia Católica domina la educación pública. El 16 de agosto habrá una audiencia en el máximo tribunal, donde el Gobernador deberá dar explicaciones por eso.

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Enseñanza católica en Salta: Urtubey deberá dar explicación ante la Corte Suprema

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, impuso las clases de religión católica en las escuelas públicas, violando la Constitución Nacional que ya en 1853 dispuso la separación de la Iglesia y el Estado.

Lo cierto es que la justicia tomó cartas en el asunto y el próximo 16 de agosto la Corte Suprema citó a Urtubey y realizará una audiencia pública para debatir si es constitucional la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas de Salta, única provincia del país que la ejerce.

Funcionarios del Ministerio de Educación, deberán exponer en la audiencia sobre la gestión de Urtubey. Los demandantes, padres de alumnos y la Asociación por los Derechos Civiles y ciudadanos que pidieron constituirse como «amigos del tribunal», un recurso para opinar en una causa de la que no se es parte.

 

La demanda

Los padres demandantes presentaron en 2010 un recurso de amparo en contra de la enseñanza religiosa, para que deje de ser una asignatura del plan de estudios y que los niños no deban rezar ni asistir a misa en la escuela, como impuso Urtubey.

El juez de Salta, Marcelo Domínguez, en el año 2012, ordenó al gobierno de Urtubey garantizar que los niños no se vean obligados a participar de prácticas católicas en clase y que los programas incluyan contenidos de todos los credos.

Pero en 2013, la Corte de Justicia salteña consideró que la educación confesional es constitucional y que los niños pueden rezar o ir a misa como parte de la jornada escolar siempre que sea dentro del horario de catequesis y respaldó al gobernador.

Las familias demandantes apelaron entonces la sentencia y el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que requirió un dictamen de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien dictaminó que imponer en escuelas públicas la enseñanza católica es «discriminatorio» y «lesiona la libertad de culto», algo bastante obvio.

La ley nacional 1420, promulgada el 8 de julio de 1884, durante el gobierno del Presidente Julio Argentino Roca y con Domingo Faustino Sarmiento en el cargo de Superintendente General de Escuelas, estableció la enseñanza laica, obligatoria y gratuita, en todo el país.

Sin embargo, la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino revisó esta ley en 2012 y la entonces mayoría kirchnerista hizo lugar al lobby eclesiástico y eliminó ese artículo de laicidad de fines del siglo 19, por entender que estaba derogada por normas subsiguientes. Ahora, será la Corte quien definirá sobre este tema.

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